TEGUCIGALPA, HONDURAS. Este viernes, la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó el sobreseimiento definitivo para Antonio Rivera Callejas y el auto de formal procesamiento a la diputada Sara Medina en el caso «Pacto de Impunidad».
El caso «Pacto de Impunidad» se originó el 11 de diciembre de 2017. Fue cuando la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad en la Corrupción (UFECIC) presentó requerimiento contra cinco exfuncionarios en el caso denominado “Red de Diputados“.
La diputada, en su momento, fue absuelta por delitos contra la forma de gobierno. Mientras que «Toño Rivera» fue absuelto por ambos delitos.
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«Red de Diputados»
El caso “Red de Diputados» fue contra los congresistas Augusto Domingo Cruz Asencio y Héctor Enrique Padilla Hernández. De igual forma contra Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
Asimismo, se incluyen a tres cómplices por el delito de malversación de caudales públicos en el manejo de fondo sociales. Por medio de ONG’s se habría desviado alrededor de 8 millones de lempiras.
El 18 de enero del 2018, el Congreso Nacional modificó por adición la Ley de Presupuesto, aprobada en el Decreto Legislativo No. 141-2017.
En dicha modificación se incluyeron disposiciones distintas a las aprobadas por el pleno de diputados. De igual forma, se produjo la imposibilidad de iniciar investigaciones contra los funcionarios.
Los detalles
En ese sentido, el 24 de enero de 2018, la Corte decidió suspender el caso conocido como “Red de Diputados” hasta que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) desarrollara las investigaciones en un plazo de tres años contra los acusados de la MACCIH.
Por lo tanto no se podía proseguir con el enjuiciamiento, debido a esta nueva exigencia de procedibilidad para delitos de malversación de caudales públicos.
El proyecto de ley, una vez aprobado por el Congreso Nacional, según comunicó la MACCIH, adoptó la forma de Decreto No.141-2017 y fue suscrito por los diputados Antonio César Rivera Callejas y Sara Ismela Medina Galo; quienes lo autorizaron en condición de presidente y secretaria del CN.
Esa autorización se realizó a pesar de contener la reforma, una versión que no fue discutida, ni aprobada por el pleno del CN.
Ante este hecho se produjeron diversas denuncias públicas. La Secretaría del CN emitió una «Fe de Erratas» el 25 de enero de 2018. Se publicó el 26 de enero en el Diario Oficial «La Gaceta». Esta pretendía explicar que lo ocurrido sería producto de “un simple error” y no de un acto premeditado.
