EE.UU.-La administración del presidente Barack Obama, basada en las investigaciones de grupos de inteligencia, ordenó la expulsión de 35 agentes rusos. Los acusa por al “hackeo” durante la campaña presidencial.
Además sanciona a los dos principales servicios de inteligencia del gobierno de Vladimir Putin. Estos ordenaron el ataque contra el Comité Nacional Demócrata y otras organizaciones políticas, confirmó Associated Press.
Después de que tome posesión, el presidente electo Donald Trump podrá decidir si mantiene esas sanciones.
Además los hackers ya están en la lista de los más buscados por el FBI.
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Agentes rusos operaban en Washington
Los funcionarios y agentes deportados operaban en la Embajada de Rusia en Washington y en el Consulado de San Francisco. Sus familiares tendrán 72 horas para abandonar el país.
El Diario de Nueva York publicó que la administración de Obama preparaba las sanciones diplomáticas contra Rusia por la injerencia del Kremlin durante las recientes elecciones presidenciales.
Hasta la última actualización de esta nota, el presidente electo no había hecho comentario alguno en Twitter o Facebook, que ha utilizado para exponer sus posturas.
Según el “The Washington Post”, la Administración del presidente Barack Obama concreta ahora los detalles de esas sanciones. Estas las pretende imponer antes de que el mandatario demócrata deje la Casa Blanca el 20 de enero.
El Ejecutivo busca también blindar esas sanciones para que Trump no pueda revertirlas fácilmente.
Además de las sanciones económicas y diplomáticas, la respuesta de Washington a Moscú incluirá muy posiblemente operaciones informáticas encubiertas. Esta represalia es de de acuerdo con el rotativo washingtoniano y también con la cadena CNN, tal y como insinuó el propio Obama en una reciente entrevista.
Los funcionarios de la Casa Blanca tratan ahora de acomodar estas sanciones a la orden ejecutiva firmada por Obama en 2015. La resolución fue emitida para castigar a agentes extranjeros que perpetraran ataques informáticos. También que pusieran en riesgo la seguridad nacional o la estabilidad financiera del país.
Esa medida contemplaba sanciones por ataques contra la infraestructuras estadounidenses, como la red energética o la de transporte, pero no contra su sistema electoral.
