CORTÉS, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) informó este jueves que giraron un requerimiento fiscal con una orden de captura contra Gabriel Alfredo Rubí Paredes, exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO).
De igual forma, la órdenes abarcan a tres funcionarios de COPECO y un representante legal de una constructora:
- Gustavo Adolfo Cruz Gómez, exsubcomisionado de COPECO.
- Cristian Elías Santeli, exadministrador.
- Arlette Magaly Montero Rodríguez, directora interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO.
- Fernando Sierra, representante legal de la empresa JF construcciones.
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A ellos los suponen responsables de ser autores directos de los delitos de fraude y violación a los derechos de los funcionarios.
De acuerdo al MP, la acción que fue interpuesta por el Circuito de Juzgados Anticorrupción, establece que los exfuncionarios en el marco de un decreto de emergencia el 10 de febrero del año 2020, solicitaron la construcción de un Centro de Triaje en el Instituto Cardiopulmonar del Tórax.
Según las investigaciones, este proyecto no lo solicitaron las autoridades hospitalarias. Sin embargo, se suscribió un contrato por más de 4 millones de lempiras con una empresa constructora. Asimismo, se estima que hubo una sobrevaloración cercana al millón y medio de lempiras.
El MP recalca que la obra no contaba con los estudios, diseños o especificaciones generales y técnicas en función de una necesidad en el área de salud.
Rubí autorizó un pago sin cumplir requisitos
Además se omitieron los requisitos previos establecidos en la Ley de Contratación de Estado, violando así varios de sus artículos en donde se busca eficiencia y transparencia en la búsqueda de mejores condiciones de costo y calidad.
Por otro lado, las autoridades recalcan que Gabriel Rubí autorizó el pago del 15 % por anticipo sin cumplir con todos los requisitos previos al inicio de la obra. Mientras que, Gustavo Adolfo Cruz fue quien decidió de manera unilateral que empresa sería la que ejecutaría la obra.
Cruz también era quien hacia las verificaciones de avances y recibía las estimaciones, labor que no le correspondía. Al final la obra quedó inconclusa, no hubo un acta de recepción de entrega final ni una garantía de calidad de la obra.
En el mismo requerimiento fiscal se acusa a Arlette Magaly Montero Rodríguez, quien era la Directora Interina del Centro Nacional de Investigación y Capacitación de COPECO, por el delito de fraude a título de cooperador necesario en perjuicio de la administración pública y también para el representante legal de la empresa JF construcciones, Fernando Sierra por el mismo delito.
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