Recientemente el gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) anunció que pretende implementar una -Fuerza de Tarea Anticorrupción- en la región centroamericana, pero irónicamente sin la integración de los países del Triángulo Norte que, como ya conocemos, son Honduras, El Salvador y Guatemala.
La decisión ha sido unilateral por parte del gobierno americano, y envía un fuerte mensaje a los gobiernos de Centroamérica, debido a que, a mediados de este año la vicepresidenta de los EE.UU. expresó que la mencionada fuerza de tarea sería integrada por estos gobiernos que ahora son excluidos, y, debido a la no inclusión solamente se investigará a funcionarios públicos que han cometido alguna actividad ilícita en los EE.UU. y no a todo aquel que se involucre en corrupción en estos países.
La falta confianza es el principal motivo de la no inclusión de los gobiernos y sus respectivos poderes judiciales, ya que para el caso de Guatemala se sabe que parte de la no renovación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), que tan buenos resultados había obtenido, por otro lado la destitución del fiscal anticorrupción hace unos meses, lo que supuso un fuerte golpe en detrimento de la lucha contra la corrupción en el país y la reciente inclusión de la jefa del Ministerio Público en la Lista Engel publicada también por el Departamento de Estado de los EE.UU.
El caso salvadoreño no se aleja de la realidad en la región, ya que junto con el apoyo de la Organización de los Estado Americanos (OEA), instalaron en 2019 la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), dicha comisión no arrojó resultados reales, debido a que, cuando el presidente salvadoreño consolidó su poder decidió no continuar con el proyecto alegando que se había equivocado con la OEA, generando nuevamente un retroceso en la lucha contra la corrupción en la región.
La dinámica parece ser la misma en los gobiernos del Triángulo Norte, ya que es evidente el autoritarismo de los mandatarios. En Honduras lo que ocurrió fue una verdadera tragedia y supuso un retroceso en la lucha contra la corrupción de al menos 10 años y esto debido a que a inicios de 2020 se decidió no renovar el mandato de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), la que dotó de apoyo presupuestario, técnico y de investigación al Ministerio Público y la extinta Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC). Este bloque obtuvo resultados, ya que logró judicializar 14 casos de alto impacto que incomodaron a las élites políticas que estaban involucrados en actos de corrupción.
Desde la salida de la MACCIH hace casi dos años, en Honduras no se volvió a presentar casos de alto impacto y lo peor es que se perdió todo el trabajo realizado por la misión y la UFECIC porque solo en un caso se logró obtener una sentencia condenatoria y ahora se repetirá ese por supuestas irregularidades en la parte procedimental. Los restantes 13 casos se encuentran -trabados- con recursos y el Poder Judicial no se muestra célere para resolver y retomar los procesos pendientes.
Se sabe que en el caso hondureño se perdió la confianza desde los EE.UU. debido a los señalamientos por corrupción a través de la Lista Engel, Magnitsky en la que se mencionaron funcionarios y ex funcionarios públicos que en Honduras son personas sin señalamientos judiciales. Por otro lado, los vínculos con la criminalidad organizada, el evidente debilitamiento del Estado de Derecho, la falta de probidad democrática, el quebrantamiento y captura de la institucionalidad, la falta de independencia de poderes y sobre todo la falta de autonomía e independencia judicial, que todo en su conjunto representa un grave retroceso en la lucha contra la corrupción en el país.
A su vez, Honduras cuenta con una especial ventaja con respecto a los gobiernos del Triángulo Norte, ya que el próximo enero de 2022 se conformará un nuevo gobierno que podría recuperar la confianza de los EE.UU. y estrechar los lazos nuevamente para combatir la corrupción. Otra de las oportunidades que puede aprovechar el nuevo gobierno es la creación de una política y estrategia anticorrupción integral que sea inclusiva con la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general.
Para poder hacer posible dicha tarea se necesita conformar un Congreso Nacional con personas idóneas porque serán ellos los que seleccionarán a la nueva Corte Suprema de Justica, Fiscal General y Tribunal Superior de Cuentas, para citar un par de ejemplos. De lograr buenas elecciones en estos entes se obtendrían a los nuevos y posibles abanderados en la lucha contra la corrupción en el país, caso contrario seguiremos en caída libre como nación, con altos niveles de corrupción e impunidad, falta de acceso a la justica, opacidad a nivel gubernamental y tocando un fondo institucional que no se está muy lejos de alcanzar.
La solución parcial la tenemos en nuestras manos, eligiendo a personas capaces que nos permitan obtener los mecanismos necesarios para poder luchar contra el flagelo de la corrupción. ¡Sí a la fuerza contra la corrupción e impunidad!
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