El pasado 7 de octubre de 2021 el Congreso Nacional (CN), aprovechando el Feriado “Morazanico” y que jugaba “la H”, decidió convocar a sesión a los diputados para discutir y aprobar al menos desde la teoría, una serie de temas que resultaron ser un nuevo “paquetazo” en favor de la impunidad y la corrupción en el país.
Desde que se conoció la convocatoria a sesionar las personas y medios de comunicación que conocen el actuar del CN ya sabían que había algo más atrás, ya que este ha sido el CN que más impunidad ha generado, así como el que menos ha sesionado y que se resiste a volver a las sesiones presenciales por miedo al COVID-19, pero ese miedo desaparece cuando es hora de ir a realizar campañas políticas en donde abrazan y besan a los posibles votantes. Es importante mencionar que muchos de ellos producto de la campaña proselitista han resultado contagiados con el virus, pero que irónicamente temen visitar el hemiciclo legislativo.
Lo que se manejaba preliminarmente y que causó un especial revuelo fue la “exoneración” (término mal empleado) que tendrían los candidatos a elección popular para presentar su informe financiero sobre el gasto realizado en las elecciones primarias pasadas y en las que solo un 33 % han cumplido ante la mejor conocida como Unidad de Política Limpia (UPL). Se trata de una prórroga de un mes a partir de la aprobación del decreto para que los que aún están incumpliendo presenten su informe y así eviten las multas y sanciones que les podría aplicar la UPL. Esto permite que se siga promoviendo el incumplimiento de la ley y el mensaje es que al final todos se arropan con la misma cobija para ver cómo doblegar la ley.
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Los hondureños no sabíamos que el paquete de reformas que tenían bajo la manga los “padres de la patria” incluía a las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la Ley Contra el Lavado de Activos, específicamente en la definición de las Personas Expuestas Políticamente (PEP) que debemos entenderlas como aquellas personas (con capacidad de influencia) que por su cargo o posición dentro de un Gobierno puedan ser consideradas así, basados en el enfoque de riesgo para ser catalogados como tal y así prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo a través de los controles establecidos.
Contraviniendo la definición antes mencionada en Honduras se decidió incluir a las OSC como PEP y por ende ejercer los controles sobre lavado de activos y financiamiento de terrorismo que no le competen a una OSC. Lo verdaderamente cierto es que en los últimos años han sido las OSC y medios de comunicación los que han denunciado la corrupción porque desde la esfera institucional eso parece no existir.
Además, con esta inclusión en las PEP a las OSC se pretende desmantelar la capacidad investigadora y de veeduría social que se le realiza al sector gubernamental, acompañado de la ejecución de proyectos que han venido a fortalecer las deficiencias que ellos mismos han generado. Este tipo de legislaciones en contra de activistas anticorrupción solo nos acerca a los ejemplos en el área como El Salvador y Nicaragua a quienes los han censurado de manera autoritaria y en donde han llegado hasta el punto de llegar a privar de la libertad a muchos. ¿Eso es lo que sigue en Honduras para callar la verdad?
La preocupación se vuelve más grande cuando se contrasta con legislaciones más avanzadas como la de México, Colombia y Argentina acerca de cómo regulan ellos las PEP y en ninguna de ellas se establece la inclusión de OSC como una. Estos y muchos otros países toman como referencia las 40 recomendaciones dictadas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la prevención del lavado de activos, pero específicamente la recomendación número 12 da las pautas sobre cómo abordar las PEP y en ningún momento se menciona la inclusión de las OSC.
Visto desde esa perspectiva técnica, el mensaje enviado desde el CN a las OSC es un mensaje de intimidación y de bloqueo a las iniciativas que emanen de estas cuando el sector público se sienta incómodo y proceda a investigarlas irrespetando completamente los parámetros técnicos que brindan organizaciones internacionales como el GAFI y los instrumentos legales universales como la Convención de Naciones Unidas Contra la Corrupción.
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El Ministerio Público se vio afectado nuevamente reduciendo sustancialmente su capacidad investigadora para delitos de corrupción en la reforma sobre secreto bancario realizada al Código Penal y Procesal Penal para que el MP no tenga el acceso necesario a los investigados por corrupción. Asimismo, se aprobaron muchas otras reformas que generan un detrimento al Estado de Derecho, pero que invito puedan revisarlas por su cuenta.
Es lamentable el accionar realizado por el CN durante los últimos años, quienes se han encargado de legislar en pro de la corrupción e impunidad en el país. Por eso como ciudadanos hay que informarse para depurar a los diputados corruptos el próximo 28 de noviembre de 2021 y evitar que sigan realizando estos atropellos en los diferentes sectores del país. ¡Votar por candidatos limpios para evitar más impunidad!
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