Hace unos días intempestivamente el coordinador de campaña del Partido Salvador de Honduras y el coordinador general del Partido Libertad y Refundación convocaron a una conferencia de prensa en un hotel de la capital hondureña. De inmediato se comenzó a especular sobre una posible alianza entre los tres partidos políticos más influyentes de la oposición, en la búsqueda de derrocar al partido que se encuentra actualmente en el poder y que otra victoria significaría 16 años continuos gobernando tal y como sucedió con Carías Andino hace 72 años.
La especulación se convirtió en certeza cuando se confirmó la alianza, pero la misma solo incluía a dos de las tres fuerzas políticas de oposición, es decir, al Partido Salvador de Honduras y a LIBRE, decidiendo el Partido Liberal no adherirse debido a la diferencia ideológica y forma de ver y desarrollar un hipotético futuro gobierno, de esa forma continuando por su cuenta y apostando al voto indeciso y el resurgimiento del liberalismo.
De esa manera se formalizó la alianza política entre Salvador de Honduras y LIBRE, emulando lo sucedido en 2017, pero bajo un escenario distinto, ya que en esta ocasión quien será la cabeza es Xiomara Castro, a quien se le devolvió “el favor” del 2017 y donde además se estableció que los designados presidenciales en esta fórmula serían Salvador Nasralla, Renato Florentino y Doris Gutiérrez.
Otro aspecto que llamó especial atención en la consolidación de la alianza es la repartición del Poder Legislativo, ya que este en un hipotético caso de que la oposición alcance los curules necesarios para poder seleccionar a la junta directiva del Congreso Nacional, esta sería integrada en la presidencia por un diputado del Partido Salvador de Honduras, pero como ya sabemos en política del “del dicho al hecho…”.
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Primero, se necesita que la oposición alcance las diputaciones necesarias para poder nombrar la junta directiva y otra es que efectivamente se cumpla con el acuerdo, debido a que, no sabemos qué cambio de planes puedan existir en el futuro y si uno decide prescindir del apoyo del otro y es algo que ya se ha visto en muchas ocasiones en la política en donde no hay amigos ni enemigos permanentes.
Se debe recordar que la alianza es solamente a nivel presidencial, por lo tanto, el voto unido solo será para ese nivel electivo. La búsqueda de curules hacia el Congreso y las distintas alcaldías corren por cuenta de cada uno de los partidos por su lado, es decir, sálvese quien pueda y como pueda.
En ese sentido, y al menos desde LIBRE, se está pidiendo un voto en plancha para lograr alcanzar el mayor número de diputados posibles, lo mismo pasa con el Partido Nacional, quienes apuestan a la plancha para que a través del cociente electoral verse beneficiados; los demás partidos se encuentran en posiciones encontradas, ya que algunos piden la plancha y otros el voto cruzado por considerarlo como el más democrático, pero con la situación actual del país merece un análisis aparte.
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Sin lugar a dudas, la alianza presidencial incrementa las posibilidades de que el partido de gobierno deje la Presidencia en enero de 2022, al menos desde la parte estadística, la realidad la veremos cómo se desarrolla el 28 de noviembre y días posteriores.
Sin embargo, si esta alianza pretende obtener éxito primero debe aprender de las lecciones que dejaron las elecciones generales del 2017. El primer paso que deben de consolidar es la unidad de los liderazgos y recordar que las elecciones no se acaban horas después de cerrar las urnas y que como ocurrido en 2017 este proceso electoral puede ser bastante reñido, por lo que puede existir una híper judicialización de las elecciones a través de los órganos electorales, primero pasando por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y luego por el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), quienes serán los encargados de dirimir los conflictos causados en las mesas y que requieran resolver a través de las impugnaciones y apelaciones respectivamente.
Además, será importante mantener un mismo discurso, sobre todo en tiempo de crisis para poder velar y defender los mismos intereses. Esto ligado también a la unidad, pero que no deja de ser importante. Asimismo, es necesario la legitimidad del proceso electoral que debe de garantizar el CNE y en la parte judicial por el TJE; hay que recordar que las tres fuerzas políticas cuentan con representación en los órganos electorales, lo que supone obtener mayor transparencia y legitimidad en el proceso electoral, algo que sabemos no ocurrió en el 2017.
Finalmente, el rol de las personas que se encuentren en las juntas receptoras de votos o las personas en las mesas como se conoce, ya que estas deben estar vigilantes de que el proceso sea transparente y se cumpla a cabalidad según lo indica el manual, así como, mostrarse abiertos a la observación de los partidos políticos, observadores nacionales e internacionales que contribuirán al desarrollo del proceso libre y en paz. Todos debemos de ir a votar, indistintamente del partido o candidato, pero abocarse masivamente a las urnas. ¡Voto masivo reduce el fraude!
