TEGUCIGALPA, HONDURAS. Acciones contra el tráfico de personas, pornografía infantil, sustracción ilegal de datos y otros delitos están llevando a cabo autoridades hondureñas la mañana de este viernes.
Mediante el desarrollo de la Operación Omega VII, el Ministerio Público (MP) procede también contra presuntos criminales, corruptos y continúa con la investigación a compras realizadas para la contención de la pandemia.
De igual interés – Honduras: ejecutan operación Omega VI contra alcaldes y corrupción pública
Le caen a policías y militares
Entre los señalados están propias autoridades; Orbin Alfonso Morales, Clase I de la Policía, sería parte de una red de tráfico de personas, según las investigaciones. Además, se le atribuye la autoría de tráfico de influencias.
El MP expone que él y 31 personas más fueron interceptadas cuando, de forma ilícita, llevaban a 150 migrantes de nacionalidad nicaragüense hacia Estados Unidos. Fueron detenidos en San Lorenzo, Valle, cuando iban en «caravana».
Los requeridos se identificaron a sí mismos como conductores de taxis «VIP». La Fiscalía asegura que ellos recibieron 10 mil lempiras por el traslado de los migrantes. Se les decomisó el vehículo, dinero, celulares y hasta un arma de fuego.
Asimismo, se están llevando a cabo pesquisas en torno a la supuesta extracción de evidencias que hizo un policía de la Unidad Departamental de Juticalpa y en la sede policial de Catacamas. Allí el MP investiga posibles delitos de violación a los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Juan Carlos Sánchez Gómez, militar, también fue requerido. Está acusado de la violación especial de un menor de edad en la aldea San Miguel de Guajiquiro, La Paz.
Líneas contra empleados públicos
Además, la Fiscalía Fiscalía Especial para A Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) presentó un requerimiento fiscal contra Nidia Estebana Barahona Ponce una exfuncionaria del Servicio de Administración de Rentas (SAR).
La indagación indica que ella extrajo ilegalmente información del sistema de consultas ETAX en abril de 2019. Supuestamente, tomó declaraciones de Julieta Castellanos, exrectora de la la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En una nota de prensa, el MP precisa que la acusada, quien fungía en el cargo de asistente técnico, actuó «con el propósito de hacer filtraciones a un medio de comunicación y perjudicar a Castellanos».
Sobre las diligencias que se efectúan en la Secretaría de Salud, el ente acusador precisó que da seguimiento a una presunta compra sobrevalorada de un sistema informático que se realizó en 2014.
En ese acto estaría involucrada la exsecretaria Edna Yolany Batres y Benelio Alvarado Membreño, administrador de Regulación Sanitaria, según la averiguación. También serían responsables los propietarios de una empresa «fachada», que se habría beneficiado con L9 millones.
En La Ceiba, igualmente, se estarían ejecutando actividades irregulares por parte de empleados públicos. Las autoridades recibieron la denuncia de que personas del Departamento de Catastro están falsificando documentos.
Otros delitos
En Omega VII, además están coordinando allanamientos con el propósito de ejecutar órdenes de captura por extorsión y otros ilícitos que recaen en miembros de estructuras criminales.
Por otra parte, cayó bajo las órdenes de la justicia Jorge Alexander Figueroa. Las autoridades lo presumen responsable del delito de utilización de pornografía infantil en perjuicio de niñas y niños.
En ese sentido, el MP agregó en el escrito que también toman medidas en torno a víctimas vulnerables, como la niñez y mujer; del mismo modo atienden posibles ataques contra la vida, propiedad, medio ambiente, fisco, propiedad intelectual y delitos comunes.
Nota para nuestros lectores:
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0.
