TEGUCIGALPA, HONDURAS. Omar Rivera, exmiembro de la Comisión Depuradora de la Policía Nacional, aseguró este lunes que la cancelación de los acuerdos de los policías depurados se efectuaron en el marco de la Ley y del debido proceso.
Las declaraciones del exfuncionario se dan luego de que el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado, urgiera a la Procuraduría General de la República (PGR), para que realicen la repetición del juicio contra los miembros de la comisión depuradora, por presuntamente haber violentado el debido proceso de los ex miembros policiales.
Consultado por Diario Tiempo sobre esa solicitud, el ahora secretario del Foro Nacional de Convergencia (FONAC), explicó que la cancelación de los policías depurados se hizo en base a un marco de un estado de emergencia, respetando un protocolo que tomó en cuenta resultados de pruebas de confianza, expedientes disciplinarios, antecedentes penales, informes de inteligencia y reportes de entes contralores del Estado, instituciones operadoras de justicia y unidades de inteligencia financiera.
«Todo se hizo en el marco de la Ley. Las acciones se efectuaron por la autoridad nominadora y la Comisión Especial se limitó a recomendar en el marco de las facultades que el Congreso Nacional delegó para efectuar un riguroso proceso de depuración, reestructuración y reforma policial», aseveró Omar Rivera.
Nota relacionada: Más de mil policías depurados ganan demanda contra el Estado
Demanda de policías depurados
En las últimas horas, el abogado Abel Orellana, informó que interpondrá ante el Ministerio Público (MP) una demanda criminal contra la extinta Comisión Depuradora conformada por Julián Pacheco, Vilma Morales, Omar Rivera, Carlos Hernández y German Leitzelar.
Además, el apoderado legal de los policías depurados advirtió que el Estado de Honduras podría pagar alrededor de 2 mil millones de lempiras por demandas de policías depurados.
“Da pesar porque es dinero que el Estado tiene que erogar para pagarle a esta gente -expolicías- de los impuestos que el pueblo paga”, expuso Orellana a través de medios locales.
El experto en leyes indicó que al Estado hondureño le puede salir más barato lograr una conciliación y que los expolicías sean reintegrados, porque si estas demandas se van a una casación, el Estado tendrá que pagar L2 mil millones a los policías depurados.
El profesional del derecho detalló que en estos momentos solo hay cuatro demandas falladas a favor de los depurados.
Por otro lado, el abogado aseguró que la Comisión Depuradora «negligente» no escuchó a los depurados en una verdadera audiencia de descargo.
“Yo recuerdo cuando Omar Rivera dijo que había pasado 400 expedientes al Ministerio Público y yo le pregunté que me dijera dónde estaban las resoluciones criminales contra los depurados y no me lo pudo explicar. Entonces, por estas situaciones y mentiras negligentes tenemos preparada la demanda criminal que vamos a presentar para que se deduzcan responsabilidades a la Comisión», concluyó.
Repetición de juicio
Al respecto, el titular del CODEH urgió a la PGR para que se realice la repetición del juicio en contra de los miembros de la junta depuradora.
De acuerdo con el defensor, el objetivo es que sean los depuradores quienes paguen con sus bienes los costos de la demanda de los expolicías.
«Estamos a punto de quedarnos sin seguridad», advirtió Maldonado a través de su cuenta oficial de la red social de Twitter.
Según el titular del CODEH, ellos solicitan la repetición del juicio contra los miembros de la comisión depuradora, porque estos debieron garantizar que a quienes depuraban de la Policía, no se les violentara el derecho al debido proceso.
«Nosotros que manejamos la primera depuración policial en 2001, cuando se encargó el abogado Gautama Fonseca, observamos vicios de nulidad en la presente depuración. No se respetaron los derechos de los ahora depurados, sino que simplemente los ponían en un listado e iban fuera de la Policía. Jamás hubo un acta de descargo en contra de ellos y no se les garantizó absolutamente nada», explicó Maldonado.
Seguidamente, el representante de derechos humanos recordó que las demandas de los expolicías se las aceptaron porque los casos tenían los vicios del pasado.
Gran daño a los hondureños
La otra situación por la que piden la repetición del juicio contra los depuradores, es porque ellos le hicieron un gran daño al pueblo hondureño, por no haberse percatado de llenar todos los requisitos que establece la ley, según el titular del CODEH.
«Como a ellos los nominó el presidente de aquel entonces, Juan Orlando Hernández, ahora ellos deben asumir una responsabilidad. La PGR debe promover la repetición del juicio y que ellos paguen con sus bienes. Es oneroso para el Estado la reintegración o las demandas que puede perder», remarcó el defensor.
«No se pueden seguir tomando atribuciones, porque se creían amos y señoras del proceso de depuración. Ahora que respondan ante los tribunales de justicia. Ahí se verá a cuánto llega el patrimonio de ellos. Así suplirán la cuantía de la demanda de los policías depurados», contextualizó el presidente del CODEH.
Urgen arreglos
Aunque Maldonado dijo que la demanda todavía no es firme, se corre el riesgo que la cuantía de la misma se haga más grande por los salarios dejados de percibir por los policías.
«Nosotros creemos que se puede llegar a un arreglo extrajudicial, antes de que interpongan otro recurso ante la demanda. Urge llegar a acuerdos de reincorporación y tal vez aceptan ellos (policías depurados) una indemnización», sugirió.
«Nosotros decimos que esa cuantía de dos mil millones es prácticamente el 50 % del presupuesto de la Secretaría de Seguridad, eso significa que vamos a sacrificar un año para no tener seguridad y poder pagarle la demanda a los policías depurados por no haberse agotado el derecho interno y todos los cánones que establece la ley», finalizó.
Nota para nuestros lectores:
? Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp. Haga clic en el enlace: https://bit.ly/2Z2UF3j.
