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viernes, noviembre 22, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio de Isabel Albaladejo Escribano, la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la consolidación de la democracia en Honduras «pasa indefectiblemente por cambios sociales profundos».

Según la representante, la consolidación democrática en Honduras implica «la realización de todos los derechos humanos. Esos derechos universales, indivisibles e interdependientes que la comunidad de los pueblos reconoció por medio de una proclama solemne».

La alta funcionaria de las Naciones Unidas suscribió el miércoles en Tegucigalpa con el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla, una carta de entendimiento para un proceso de cooperación entre el Ministerio Público y la OACNUDH.

La carta de entendimiento supone un reforzamiento a la investigación en aras del respeto a los derechos humanos, según la diplomática. Además, recalcó que la OACNUDH tiene un claro compromiso con el país y, principalmente, con las víctimas de violaciones a DD.HH.

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Acceso a la justicia

«El acceso a la justicia es el uso del sistema jurídico particularmente por las víctimas de violaciones a los derechos humanos y los sectores menos privilegiados de la sociedad. Al sistema se le establecen dos exigencias: primera, que sea  accesible para todos y todas; segunda, que conduzca a resultados individual y socialmente justos», enfatizó.

En su opinión, el Ministerio Público hondureño enfrenta un reto que comparte con varios países en la región: operar con la mayor independencia y eficacia.

Dicho reto se desarrolla «en un contexto de falta de confianza general en las instituciones públicas. Además de grandes desafíos, como el incremento de la actividad del crimen organizado, la corrupción sistémica y violaciones a derechos humanos», enfatizó.

A través de la carta de entendimiento, «queremos profundizar e intensificar nuestra cooperación apoyando las capacidades técnico científicas para la investigación en casos como los femicidios, delitos contra la vida, las graves violaciones a los derechos humanos o los actos de violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos», sostuvo.


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