Tegucigalpa, Honduras. Con un solo debate pendiente, la «Ley para la protección de los usuarios de las telecomunicaciones» ha generado un debate sobre si su aplicación violenta los derechos constitucionales de los hondureños en materia de telecomunicaciones.
Diferentes sectores se han pronunciado sobre esta nueva normativa que podría aprobarse en el Poder Legislativo.
El espíritu de la ley es combatir flagelos como la extorsión y el narcotráfico. Sin embargo, el artículo 23 ha puesto en cuestionamiento la aplicación.
En este sentido, el abogado penalista Félix Ávila indicó que el tema de seguridad individual siempre genera opiniones opuestas en varios sectores.
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«El tema aquí es esa constante tensión que siempre se va a suscitar entre los derechos fundamentales y los derechos de la colectividad que tiene que ver con la seguridad individual», detalló.
El jurista hondureño aseguró que la Constitución de la República resguarda los derechos individuales de los hondureños.
«La Constitución de la República protege desde que fue creada, todas las constituciones vienen a proteger la inviolabilidad de las comunicaciones», indicó.
Del mismo modo, Ávila comentó que toda acción similar debe ser desencadenada por una orden judicial.
«Eso de que los operadores entreguen a las autoridades competentes, eso no lo están haciendo. Lo que pasa es que no se puede hacer sin orden judicial«.
Además, el abogado hondureño afirmó que es necesaria la intervención judicial para estos procesos de investigación.
¿Existe una intención oculta?
Ávila agregó que si la intención es proteger a los hondureños, será necesario incluir la intervención judicial.
«Si la intención realmente es proteger los derechos fundamentales de las personas, entenderán que se necesita la previa intervención judicial como salvaguarda constitucional», detalló.
Por lo tanto, el especialista en leyes explicó que si hay una insistencia de conservar el artículo de manera integral, podría interpretarse de manera diferente.
«Si se cierran en el tema de que tiene que quedar así, porque tiene que ser expedito porque no es lo mismo, entonces, ahí vamos a ver que va implícita otra intención», indicó.
Ávila manifestó que la amplitud del alcance de este artículo puede dejar abierta la posibilidad de muchas cosas.
«De repente es dejarlo abierto para que se pueda hacer cualquier cosa», comentó.
Debate legislativo
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Iroshka Elvir, señaló que su bancada está a favor de la ley, siempre y cuando, se respeten los derechos de los hondureños.
«Nosotros estamos a favor de generar paz, seguridad y desarrollo en Honduras, siempre y cuando, se respeten los derechos inalienables del ser humano, como el derecho a la privacidad», expresó.
Elvir indicó que el artículo 23 debe incluir la orden judicial para la obtención de esta información. De no ser así, se podría utilizar para otras acciones como la persecución política.
«Queremos construir una ley que permita dar con los actores materiales e intelectuales que están relacionados a la extorsión, pero que no vulnere los derechos de los ciudadanos», indicó.
Respeto a la Constitución
Por su parte, el congresista del Partido Nacional (PN), Mario Pérez, detalló que el país ya tiene una normativa que se apega a la Constitución hondureña.
«Ya el país tiene una ley de intervención de las comunicaciones que se apega a lo que dice la Constitución de la República», comentó.
Del mismo modo, Pérez manifestó que era preocupante que se intentara sobrepasar los derechos de los hondureños.
«Preocupante es que no se respete esa ley, que no se respete la Constitución y que se cometan delitos de intervenciones ilegales», indicó.
Leyes diferentes
El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Marco Eliud Girón, afirmó que la «Ley de Escuchas» y esta normativa son completamente diferentes.
«Es algo diferente lo que se quiere hacer con esta ley. El SIM, toda la información, debe de ir a este banco de datos que va a tener custodia el Registro Nacional de las Personas», detalló.
Del mismo modo, Girón aseguró que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) también mantendrá registros de esta información.
«Hay mucha preocupación en el artículo 23. Pero, antes de eso hay 22 artículos más, la ley tiene 31 artículos aproximadamente y debemos de verlo en todo un contexto», explicó.
Avance tecnológico
Girón comentó que el artículo 23 hace referencia a los avances tecnológicos que se han registrado y que se encuentran fuera de la normativa vigente.
«La preocupación que he visto en alguna gente es el artículo 23 porque habla de textos, de videollamadas, de mensajitos vía WhatsApp. Pero, es que en aquel momento, en el 2012, era través de llamadas telefónicas. La tecnología cada vez va mejorando», indicó.
El diputado de Libre destacó que esta ley regula acciones como las llamadas satelitales, utilizadas por el crimen organizado. Girón destacó que se especifica el mecanismo de registro que deben seguir las empresas. Del mismo modo, las sanciones que podrían enfrentar.
«Tendrían un sanción de aproximadamente 80 a 160 salarios mínimos de multa. Anda aproximadamente arriba del millón a dos millones de lempiras si no cumple con estas disposiciones», detalló.
Más tiempo para análisis
Del mismo modo, el diputado del PSH, Carlos Umaña, comentó a Diario Tiempo que este instituto político no se opone a la aprobación de la ley, debido a que su finalidad es combatir la extorsión.
El médico hondureño reveló que pedirán la reprogramación del debate de la ley para analizarla mejor.
Umaña detalló que el artículo 23 violenta el derecho constitucional de la telecomunicación y piden que se mantenga la solicitud judicial.
Apegados a la ley
El director de la Policía Nacional, Juan Aguilar, indicó que como operadores de justicia no pueden accionar si no tienen una orden judicial.
«Nada se puede hacer sin una orden judicial para vulnerar el derecho a la intimidad», comentó en un foro televisivo.
De igual manera, Aguilar indicó que la institución de seguridad no tiene una vinculación política.
«La Policía no es una institución política, el ente político se llama Secretaría de Seguridad», señaló el uniformado.
Cualquier acción sin orden judicial, es delito
Aguilar manifestó que ellos no actuarán fuera del marco jurídico hondureño porque sería cometer un delito.
«Todo lo que hagamos sin arreglo a una orden judicial, estamos cometiendo un delito y no se va a prestar la Policía Nacional a la comisión de un hecho criminal», manifestó.
Del mismo modo, el jefe de la PN comentó que esta nueva normativa que se pretende aprobar tiene una finalidad reguladora.
«Es totalmente diferente, lo que tiene como finalidad esta ley es un marco regulatorio, control, validación, seguimiento, comercialización y uso de los servicios de telecomunicaciones», afirmó.
Además, Aguilar comentó que no se hará espionaje o intervención de llamadas a la población.
«Es que vamos a actuar, no es que vamos a intervenir las llamadas de nadie. Lo que la gente está viendo es algo ilógico, que como policía vamos a empezar a hacer cosas que supuestamente se hicieron en el pasado», indicó.
