Tegucigalpa, Honduras. El Tribunal de Sentencia en Materia de Corrupción declaró «no ha lugar» la aplicación de amnistía (04-2022) solicitada por las defensas de David Castillo y Roberto Martínez.
Ambos están acusados por el caso «Agua Zarca» y por el «fraude al río Gualcarque».
Al señor David Castillo se le acusó por el delito de asesinato a título de autor inductor a criterio del Ministerio Público y a título de coautor, según criterio de las acusaciones privadas.
Un vocero de la Corte Suprema de Justicia expresó: «El tribunal encontró que las acusaciones no fueron producto de una persecución por haber sido funcionario del gobierno de Mel Zelaya».
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Declarado culpable
Asimismo, en julio del año 2021, Castillo fue declarado culpable y espera su sentencia el próximo 4 de abril.
Esas acusaciones se fundamentaron en el artículo 193 del Código Penal (CP) «viejo» y para lo cual solicitaron la imposición de la pena establecida en el nuevo CP vigente con decreto 130-2017.
Se pidió aplicar la pena más favorable, debido al principio de retroactividad de la ley y de lo establecido en el artículo 615 del Código Penal.
Solicitud de amnistía para Castillo
En su condición de ex funcionario del gobierno de José Manuel Zelaya y por considerar que su causa es políticamente motivada, el ingeniero Roberto David Castillo, acusado en el caso conocido como “fraude al río Gualcarque”, solicitó al sistema de justicia la aplicación de la amnistía recientemente aprobada por el Congreso Nacional.
“Se ha hecho el análisis correspondiente y hemos revisado la documentación que poseemos y del análisis específico del decreto de amnistía concluimos que le es aplicable”, aseguró el abogado Juan Sánchez Cantillano, defensor de Castillo.
La petición a favor de Castillo reconoce que tras el golpe de Estado de 2009 contra el expresidente Manuel Zelaya, se agudizó una persecución política.
Además, señala que la criminalización fue contra los funcionarios que apoyaron la gestión de Zelaya y reprobaron el rompimiento del orden constitucional.
La solicitud señala que Castillo trabajó en el gobierno de Zelaya desde 2006. Dice que, en 2007, Zelaya lo nombró interventor de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
También precisa que, como interventor, su representado reportaba informes a los exministros de Finanzas y Defensa, Rebeca Santos y Arístides Mejía.
Los abogados de Castillo entregaron al tribunal documentos que prueban su condición de exfuncionario de la administración Zelaya.
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