HONDURAS. Un juez de los Juzgados de Letras de lo penal de Tegucigalpa negó este lunes el benefició de amnistía al diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y exdirectivo del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (Inprema), Edgardo Casaña, condenado por el delito de abuso de autoridad.
«32 dirigentes magisteriales, pero tenían que perseguir solo a uno, miembros del gobierno fueron a la negociación. El Congreso Nacional aprobó ese fondo en la Ley General del Presupuesto pero la justicia está secuestrada de Honduras. Hay llamadas de arriba que dicen que nos sigan persiguiendo», dijo el también vicepresidente del Poder Legislativo tras salir de la audiencia.
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Interpondrán recurso de reposición
Por su parte, el abogado, Ramón Barrios, apoderado legal de Casaña dijo que no están de acuerdo con decisión judicial por lo que van a interponer los recursos legales correspondiente.
En ese sentido, la defensa técnica del parlamentario indicaron que mañana martes presentarán un recurso de reposición y luego comparecerán a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«Creemos que la resolución no se dictó conforme al principio de legalidad. El decreto de amnistía tuvo que aplicarse pero el juez se abstuvo de aplicarlo. Por esa razón vamos a recurrir la resolución», aseguró el profesional del Derecho.
Barrios aseguró que el diputado Casaña y a los otros compañeros que no tenían ninguna irresponsabilidad en el caso.
«El Tribunal de Sentencia dictó una resolución absolutoria a favor de Edgardo Casaña. Luego de eso el caso pasó a la Corte Suprema de Justicia y como el diputado Casaña se opuso en la elección pasada a votar por magistrados amañados que los promovían con dinero del narcotráfico aquí está», cuestionó.
«El juez de ejecución dice que no puede aplicar el decreto de amnistía y lo remite nuevamente al Poder Judicial a la Sala Constitucional», finalizó.
Acusación
La acusación contra el congresista y algunos dirigentes magisteriales que fungieron como directivos del Inprema indica que revalorizaron los beneficios sociales para 11 mil docentes jubilados.
En ese sentido, hoy los implicados en ese caso solicitaban la extinción de responsabilidad, amparándose en el decreto legislativo 04-2022 recientemente aprobado por el CN más conocido como Ley de Amnistía.
Los acusados son Edgardo Casaña, César Augusto Ramos Cáceres, Alfonso López Guillén, Óscar René Recarte y José Alejandro Ventura, quien ya falleció.
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