MANAGUA. Mientras el mundo se enfrenta contra la pandemia del coronavirus, en Nicaragua tienen su propia pelea con la dictadura, y es que El Parlamento de ese país aprobó hace unas horas una ley que impide la participación de la oposición en las próximas elecciones de 2021.
La iniciativa jurídica remitida por el presidente Daniel Ortega, la semana pasada, inhabilita de optar por cargos de elección popular a quienes ‘lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico’.
La ley
En una reunión extraordinaria, la bancada de 70 diputados sandinistas aprobó la llamada. “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia soberanía y autodeterminación para la paz”.
La polémica norma, aprobada con trámite de emergencia, consiste en que impide postularse para cargos públicos y de elección popular a todo individuo que el gobierno nicaragüense considere “golpista” o “terrorista”, sin importar que la actual constitución establece plenos derechos de participación política a todos los ciudadanos sin excepción alguna.
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Según la nueva ley, no podrán participar en los comicios generales de 2021 quienes «Encabecen golpes de estado”, «inciten a la injerencia extranjera”, soliciten intervención militar», «gestionen bloqueos económicos» o que «aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua«.
Todas las personas que se atrevan hacer las anteriores acciones. “Serán traidores a la patria, por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”, señala un comunicado publicado por las autoridades.
Además, El Código Penal de Nicaragua castiga hasta con 15 años de cárcel los delitos de “terrorismo” y “traición”.
El presidente
El mandatario ha calificado de “golpistas” y “terroristas” a los opositores que participaron en las protestas sociales que estallaron en 2018 y que dejaron al menos 328 muertos, miles de detenidos y unos 100.000 exiliados por la represión estatal.
El directivo de la opositora Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, aseguró que el mandatario, Daniel Ortega, debería ser “el primer inhibido” por la nueva ley que quiere imponer.
“A quien tendrían que aplicar una ley de este tipo es a Daniel Ortega, por todas las violaciones de derechos humanos que ha cometido y el daño que ha provocado”, escribió Chamorro en sus redes sociales.
Sanciones de Estados Unidos
El Departamento del Tesoro anunció este lunes en Washington nuevas sanciones contra funcionarios del gobierno del presidente Ortega.
Los involucrados son el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar; el diputado Wálmaro Gutiérrez y el jefe de Policía, Fidel Domínguez.
Según la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, estos funcionarios “son responsables por cooptar mecanismos judiciales o financieros para apoyar al régimen de Ortega en la identificación sistemática, intimidación y castigos contra la oposición política”.
Con estas nuevas sanciones, ya suman 27 los funcionarios sandinistas sancionados desde 2017 por EEUU acusados de corrupción y violación de derechos humanos.
“Hoy Estados Unidos sancionó a tres miembros del gobierno nicaragüense, que han permitido la corrupción y los abusos de los derechos humanos del régimen de Ortega”, dijo en su Twitter el secretario de Estado del país estadounidense, Mike Pompeo.
Ortega hace fuertes declaración
El pasado viernes, Ortega recalcó que los que piden sanciones para los políticos del país “no son nicaragüenses”.
“Aquí el que no defiende a Nicaragua y pide sanciones perdió el derecho de optar a cargos públicos cuando vengan elecciones. Ni que sigan peleando por buscar candidatos porque las leyes no lo permiten”, afirmó el político de 75 años.
“Esos no son nicaragüenses, no sé cómo se les ocurre pensar que con esa actitud van a participar en una elección”, insistió. “Son terroristas, son criminales y vende patrias, porque siguen pidiendo más sanciones”, agregó el mandatario.
Las redes sociales se han inundado de mensajes, donde tachan al gobierno de Daniel Ortega, de corrupto y querer imponer una dictadura.
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