Redacción. Una investigación del portal El Faro reveló que el actual Gobierno de El Salvador presuntamente entabló negociaciones con las organizaciones criminales Mara Salvatrucha-13 (MS-13), Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, dentro de penales de máxima seguridad del país.
Según el medio, el objetivo de esas negociaciones fue conseguir que el número de asesinatos en El Salvador mantenga su histórico desplome; y, a cambio, las pandillas recibirían beneficios en las condiciones de vida carcelarias y también para sus miembros en libertad.
La información se desprende de documentos de la Fiscalía General de la República, que abrió una investigación al respecto. Sin embargo, sucedió después de que, El Faro, publicara un articulo en 2020.
Asimismo, el Faro reveló en su articulo que el gobierno de Nayib Bukele llevaba un año negociando con la MS-13 para reducir los homicidios en el país centroamericano y en busca de apoyo electoral de cara a las elecciones legislativas de 2021.
Caso ‘Catedral’
El caso fue bautizado por los fiscales como ‘Catedral’ y las investigaciones arrancaron el 7 de septiembre de 2020.
Los fiscales habrían descubierto que las negociaciones, que supuestamente se llevaron a cabo en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca y en el Complejo penitenciario de Izalco, además de a la MS-13, incluían a esas dos facciones de Barrio 18.
Según el portal, se destapó que hubo visitas irregulares de personas encapuchadas a las cárceles de máxima seguridad, que eran autorizadas por el director general de Centros Penales, Osiris Luna.
Líderes pandilleros en libertad
«Luna autorizaba a personas encapuchadas a ingresar a los penales para reunirse con líderes de las tres pandillas, saltándose todos los protocolos legales de ingreso, incluyendo los registros, e incluso dejándoles entrar sin siquiera identificarse», señala el medio.
Los misteriosos encapuchados, detalla El Faro, «eran generalmente funcionarios de la actual Dirección de Reconstrucción del Tejido Social, dirigida por Carlos Marroquín quien también acudió a las negociaciones, y líderes pandilleros en libertad que entraban a recibir instrucciones y a transmitir información a sus líderes encarcelados».
Además, según el citado medio, acudieron a los encuentros Dennis Fernando Salinas Bermúdez, quien también trabajó en Tejido Social y actualmente es diputado nacional. Asimismo, Víctor Manuel Martínez Santana, que se desempeñó como director de Cultura Ciudadana en la misma dirección dirigida por Marroquín.
En las investigaciones, la Fiscalía habría conseguido fotografías que implicarían a los funcionarios mencionados, ya que se aprecia a Luna caminando junto a los encapuchados, además de escuchas y libros con novedades de las reuniones.
Audios y peticiones de las pandillas
También obtuvieron el teléfono de uno de los pandilleros de la MS-13 involucrado en las negociaciones, concretamente el de alias ‘Sayco’. Además, encontraron mensajes de audio sobre la planificación de las reuniones, incluyendo el disfraz que usarían.
El Faro cita uno de los presuntos audios, en los que un pandillero le comenta a otro que hay nerviosismo de parte de los funcionarios sobre estos encuentros: «A ellos les preocupa el más mínimo error que podamos cometer de parte de nosotros y también ellos tienen el cuidado de no cometer el más mínimo error para que esto no fracase y no salga a la luz pública que hay un entendimiento».
En esos mismos audios, conocieron cuáles eran las peticiones que hacían las pandillas en las negociaciones, que incluyeron el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía. también incluían, el financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros.
Por otra parte, también pedían visitas de sus familiares en las cárceles y modificaciones en el régimen de máxima seguridad. Asimismo, el mejoramiento de las celdas, la salud, alimentación, y educación de las cárceles y que se apoye la creación de iglesias, entre otras.
Intento de no dejar rastros
De acuerdo con los documentos de la Fiscalía que cita el medio, Luna intentó borrar los rastros de las reuniones de funcionarios con pandilleros. Asimismo, la de los ingresos irregulares de personas encapuchadas a los centros de detención.
El funcionario habría dado la orden, después publicación de El Faro, de retirar 221 libros de novedades de la cárcel de Zacatecoluca. Además, discos duros de computadoras de las fechas en las que había ingresado con encapuchados a Izalco.
El pasado 1 de mayo, la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido de gobierno Nuevas Ideas, removió de su cargo al fiscal general Raúl Melara.
Desde entonces, la investigación denominada ‘Catedral’ quedó en manos de Rodolfo Delgado, el nuevo fiscal nombrado por la Asamblea Legislativa, quien, según El Faro, desmanteló la unidad de la Fiscalía que había conseguido los hallazgos sobre las negociaciones con las pandillas.
La respuesta oficial
De momento, Bukele no ha respondido directamente a la nueva publicación de El Faro, solo compartió un video que posteó el comunicador salvadoreño José Valdéz.
Por su parte, el presidente del Congreso de El Salvador, Ernesto Castro, desmintió la investigación de El Faro. Además, aseguró que el Gobierno de Bukele «nunca ha negociado con pandillas». Respecto a la reducción de los homicidios, afirmó que se debe al plan ‘Control Territorial», desarrollado por el gobierno.
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