TEGUCIGALPA, HONDURAS. Antes de que la Secretaría de Salud enviara un oficio a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H) para la compra de hospitales móviles, Marco Bográn ya sostenía pláticas con el representante de Elmed Medical System Inc. Áxel López.
Así lo indicó el Ministerio Público (MP) en un comunicado emitido hoy sobre los hallazgos en el caso de los siete hospitales móviles. Bográn, en cientos de ocasiones, ha declarado que las unidades móviles fueron adquiridas a solicitud de la Secretaría de Salud.
Entre otros hallazgos del MP se comprobó que el equipo no solo está sobrevalorado, sino que su función no es útil para la atención de pacientes COVID-19.
Según los informes biomédicos, los hospitales tienen problemas de diseño y equipamiento, tienen equipo vencido, usado y alguno incluso en mal estado o disfuncional. Además, el MP concluyó que el proveedor no tenía capacidad técnica para construir, fabricar y equiparlos.
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Testigos del MP
Por otra parte, el Departamento de Adquisiciones de INVEST-H advirtió sobre el peligro de comprar los hospitales móviles. La advertencia surgió debido a que no se tenía más información sobre el proveedor.
Otras de las razones era porque «en razón de los montos era un gran riesgo que los llevaría a serios problemas, a lo que la alta gerencia hizo caso omiso».
Incluso, a ese departamento se le llamó la atención debido a que preguntaron por las garantías. Ellos también consultaron por las especificaciones técnicas en un chat de mensajería móvil que se había creado junto al proveedor Axel López.
Además, expertos de los hospitales Mario Catarino Rivas y Hospital Escuela junto con el MP determinaron que los hospitales de aislamiento no reúnen las condiciones para la atención de pacientes COVID-19.
En ese sentido, el comunicado del MP señala que dos operan pero han sido adecuados para cirugías menores. Además, señalan que ante esos hallazgos mantiene la acusación contra Marco Antonio Bográn Corrales, en su condición de director ejecutivo de INVEST-H y en contra de Alex Alberto Moraes Girón, gerente administrativo.
Apunta que a ellos se les acusa por dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y dos delitos de fraude. De igual forma, acusa a Axel Gamaliel López Guzmán por dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública a título de cooperador necesario.
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