TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, interpuso ante la Sala de los Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una acción de amparo en contra de la resolución de la Corte de Apelaciones de Comayagua, para declarar nulos los actos del proceso penal instruido contra dos policías involucrados en el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.
En ese sentido, el vocero del Ministerio Público (MP) Carlos Morazán, informó que la resolución se realizó el 28 de agosto de 2019. Manifestó que la acción de amparo declara nulos los actos del proceso penal que ha instruido la Fiscalía especial.
Lo anterior, para el enjuiciamiento de funcionarios y servidores del sector justicia, contra los policías Juan Carlos Cruz y Miguel Arcángel Rosales Jicano. Señaló que a ellos se les sigue un proceso por tres delitos.
En ese sentido, Morazán indicó que recolectaron pruebas falsas. Además, agregó que trataron de desviar el rumbo de los hechos en las primeras pesquisas que realizaron por designación de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en el caso del asesinato de la líder ambientalista.
«En esta acción constitucional de amparo, el Ministerio Público se refiere a que con esta nulidad se produce un grave e irreparable daño a los intereses generales de la sociedad».
Al respecto, el vocero manifestó que existe una evidente vulneración a las garantías constitucionales. Indicó que están enunciados en los artículos 90, 304 y 321 de la Constitución de la República. También indicó existen vicios de la legalidad, como lo que establece el artículo 8 y 24 de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos.
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Nueve procesados por el asesinato
Por otro lado, enfatizó que desde el 3 de marzo del año 2016, «fecha en que ocurrió este vil asesinato, el MP conformó un equipo multidisciplinario dirigido por fiscales». También por investigadores de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y especialistas forenses. Asimismo, miembros de la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII).
«Todos esos trabajos se lograron el 2 del mayo del 2016, cuando se ejecutó la Operación Jaguar. Ya son nueve personas las que están procesadas directamente con el asesinato. Unos a título de actores materiales y otros de autores intelectuales. De ellos, siete ya tienen una sentencia condenatoria», afirmó.
«Consecuentemente la acción de amparo busca enmendar la resolución que dejó en libertad a estos dos policías que están directamente interconectados con el caso. De está manera el MP puede seguir con las investigaciones. Por lo cual, se debe llevar ante a justicia a todos aquellos que resultaron responsables de este asesinato», concluyó.
