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jueves, noviembre 21, 2024

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TEGUCIGALPA, HONDURAS. Acusaciones en materia de corrupción y ejecución de ordenes de capturas son parte de las acciones que el Ministerio Público (MP), realiza mediante la puesta en macha de la operación «Júpiter V».

Según informó el MP, con la operación antes mencionada también se busca desarticular a varias estructuras dedicadas a cometer diferentes ilícitos en diferentes sectores de Honduras.

En ese sentido, son más de 50 allanamientos de morada en todo el país los que el MP ejecuta, encaminados, según el ente acusador, a decomisar armas de fuego «con las cuales se cometen delitos».

De igual forma, se hará la incautación de droga. También se procederá a detener a prófugos de la justicia. Para lo anterior, el MP expuso que ha desarrollado un trabajo de inteligencia en coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado.

De la misma forma, el MP dio a conocer que se están ejecutando allanamientos en contra de «una célula de explotación sexual que opera en la ciudad de Comayagua, donde se pretende capturar al responsable de promover esta actividad ilícita.

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Corrupción

Además, en materia de corrupción, se presentaron varios requerimientos fiscales. Uno de ellos, en contra de Jorge Adalberto Discua Mejía, por suponerlo responsable de cuatro delitos de abuso de autoridad y otros cuatro de falsificación de documentos públicos.

Según expone el MP, esta acusación se suma a otros casos por los que este exfuncionario del Registro Nacional de las Personas (RNP) de Siguatepeque ya guarda prisión cumpliendo sentencias condenatorias.

De la misma forma, se solicitó orden de captura contra  Genry Jovany Ventura. A él se le acusa de tres delitos de abuso de autoridad y tres delitos de falsificación de documentos públicos. A Ventura se le acusa de actos irregulares en la emisión de documentos a extranjeros de nacionalidad Palestina en el RNP.

Otra de las acciones es la presentación de seis acciones penales con seis exfuncionarios registradores de la propiedad de la ciudad de La Ceiba, Atlántida. Se les acusa de la omisión de deberes de su cargo. Según se informó, inscribieron títulos a particulares dentro del título de la comunidad Garífuna Nueva Armenia, ubicada en el municipio de Jutiapa.

Además, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) promueve un Antejuicio en contra de dos juezas de la zona sur del país. Según lo investigado por la ATIC, ellas habrían alterado y falseado información en liquidación de viáticos.

Por otra parte, la Fiscalía Especial de Protección al Consumidor inspecciona supermercados y bodegas en todo el país. Se pretende garantizar el congelamiento de precios de la canasta básica.


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