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viernes, noviembre 22, 2024

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Honduras. El Ministerio Público (MP) ha desmentido la supuesta emisión que anda circulando en redes sobre algunos requerimientos fiscales y desalojos contra los empleados que mantienen tomado el edificio de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH) en Tegucigalpa.

A través de un comunicado, la institución aseguró que la Fiscalía Especial contra Delitos Comunes inició con las investigaciones pertinentes sobre la denuncia interpuesta por las autoridades de la Secretaría. Sin embargo, el proceso aún se encuentra en una fase de diligencias investigativas como las inspecciones del lugar, toma de declaraciones y revisión de material audiovisual de las cámaras de seguridad de la institución.

El Ministerio Público ha enfatizado que una vez finalizadas estas diligencias, se tomarán «las medidas que conforme a derecho correspondan». Además, destacó como un avance positivo el diálogo que se ha establecido entre los líderes de las protestas y el mediador designado por el poder ejecutivo.

niegan requerimientos en SEDH
Comunicado del MP.

El comunicado reitera el compromiso del Ministerio Público con los principios de especialidad e igualdad en todos los procedimientos administrativos, investigativos y judiciales relacionados con la protección de los Derechos Humanos.

Vea también: Empleados de SEDH rechazan a Ricardo Salgado como mediador

«Actos de intimidación»

El conflicto entre los empleados y la ministra Roque no da tregua. Hace unas semanas, los trabajadores han reprochado una denuncia interpuesta en su contra, la cual consideran un acto de «intimidación y criminalización».

protestas empleados de DDHH
Los empleados llevan varias semanas de protestas.

Los empleados aseguraron que las acciones de la secretaría es en respuesta a su legítimo ejercicio del derecho a la protesta pacífica. Afirmaron que están defendiendo su derecho humano a un trato digno, mejores condiciones laborales, estabilidad laboral y espacios seguros libres de hostigamiento.

Además, los trabajadores señalaron que la presidenta de la República, Xiomara Castro, ha instruido un proceso de mediación franco y transparente para abordar sus preocupaciones. Sin embargo, sostienen que las prácticas de intimidación y criminalización por parte de la ministra Natalie Roque «obstaculizan este proceso». Además que son contrarias a los principios democráticos del Gobierno de la Refundación».

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