Tegucigalpa, Honduras. Por presuntos actos de corrupción, el Ministerio Público (MP) se encuentra desarrollando la «Operación Némesis VIII» en contra de varios antiguos directivos de varias empresas, entre ellos, el ex gerente general de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía.
Las autoridades expresaron que uno de los puntos de esa investigación contra la ENEE, es conocer a profundidad la ampliación, ejecución y cancelación de un contrato con la empresa Nacional de Ingenieros Electromecánicos (NIE), entre 2016 y 2018. Ese acto, provocó que el Estado de Honduras pagara más de 37 millones de dólares.
En un comunicado lanzado por el MP, se menciona tanto a Jesús Mejía como a «otras personas».
«Operación Némesis VIII»
El MP indicó que tal vez con «Operación Némesis VIII», se pueda desenredar toda una telaraña de actos de corrupción ejecutados en diversas organizaciones estatales, y donde se sospecha se han cometido delitos como ser fraude, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad, entre otros.
Por otra parte, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), en equipo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), acusó al director del Instituto de la Propiedad (IP) de San Pedro Sula (hasta 2010), José Armando Uclés, por suponerlo responsable de violación de los deberes de los funcionarios.
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También, la FETCCOP investiga otros presuntos actos de corrupción en el Registro Nacional de las Personas (RNP). En este caso, los mencionados son Víctor Andrades García, exregistrador de La Ceiba y contra Edson Laboriel, ex oficial civil de Trujillo, Colón.
De su lado, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ) y la ATIC investigan hechos por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, concusión, falso testimonio, denuncia falsa y falsificación de documentos públicos, supuestamente cometidos por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) en San Pedro Sula.
Entre tanto, la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEPMUJER), interpuso 128 requerimientos fiscales por violencia por razones de género y desobediencia a sentencias en materia de violencia doméstica.
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