TEGUCIGALPA, HONDURAS. El Ministerio Público (MP) ejecutó este lunes la Operación Némesis X, con la cual inició la judicialización en contra de dos exministros de la extinta Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), por suponerlos responsables del delito de abuso de autoridad y de lavados de activos y fraude.
Los acusados son Roberto Antonio Ordóñez Wolfovich, extitular durante 2013-2017 y Roberto Antonio Pineda Rodríguez en el siguiente periodo (2017-2022).
De acuerdo con las indagaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), estos exfuncionarios se negaron abiertamente a darle cumplimiento a un mandato emanado por un órgano jurisdiccional. Asimismo, revela que ambos hondureños «impusieron su criterio por encima de sentencias que fueron ratificadas en segunda instancia por una Corte de Apelaciones». Lo anterior, según el informe, habría ocasionado un perjuicio económico millonario al Estado por concepto de pago de demandas.
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Fraude y lavado de activos
De igual manera, la Fiscalía da seguimiento a presuntas irregularidades en la antigua INSEP. El documento explica que se investiga la supuesta comisión de los delitos de fraude, malversación de caudales públicos y lavado de activos.
“Los hechos que se averiguan tienen que ver con la sustracción de fondos a través de la sobrevaloración de proyectos de obras públicas, cuyo desfalco a las arcas estatales sería multimillonario”, dice el documento del Ministerio Público.
Otras diligencias de la Operación Némesis X
Por otro lado, con la operación, la Fiscalía emite dos requerimientos fiscales por falsificación de documentos públicos en el Registro Nacional de las Personas (RNP) en el 2018.
Asimismo, otra acción penal se presenta en Tegucigalpa por supuesta malversación de caudales públicos y violación de los deberes de los funcionarios en el hospital psiquiátrico Mario Mendoza en el 2013.
También, continúan indagando el manejo de cinco millonarios fideicomisos suscritos en la administración anterior entre el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa). En consecuencia, se tomó declaraciones y se decomisó documentación en la Universidad Nacional de Agricultura (UNA). También, se decomisaron documentos del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), en Catacamas, Olancho.
Del mismo modo, se presentarán 72 requerimientos fiscales por violencia de género acontecida en la ciudad capital.
El documento explica que el Ministerio Público pretende concretar acciones contundentes en contra del delito en sus diferentes manifestaciones. En ese sentido, ejecutan una gran cantidad de allanamientos, inspecciones, registros, decomisos, órdenes de captura, detenciones infragantis y acusaciones.
