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jueves, noviembre 21, 2024

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Tegucigalpa, Honduras.- El Ministerio Público (MP) confirmó el día de ayer el inicio de una investigación a quien fungía como gerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Leonel Gómez.

A Gómez se le investiga por acoso laboral vertical luego de las denuncias interpuestas por cuatro empleadas del SANAA.

En primera instancia, las ofendidas fueron atendidas por el equipo multidisciplinario del Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE). En el lugar se les tomó declaración a tres ofendidas, se recibió la denuncia y se envió a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH)

La dependencia del MP ya inició la investigación de la denuncia y anunció que realizará otras diligencias investigativas. Este análisis servirá para constatar si hay otros delitos en perjuicio de las ofendidas.

Gerente del SANAA, Leonel Gómez

El delito de acoso laboral vertical tipificado en el artículo 294 del Código Penal establece una pena de arresto domiciliario de seis meses a un año. Asimismo, la inhabilitación especial por el doble de tiempo que dure la pena.

No obstante, la Fiscalía de Derechos Humanos investiga otros dos posibles delitos cometidos por el exgerente.

Nota relacionada: Diputado denuncia nepotismo de Leonel Gómez, suspendido del SANAA

Suspensión de Leonel Gómez

Autoridades del actual gobierno suspendieron este viernes 06 de enero al gerente general del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), Leonel Gómez, por insultar a un grupo de empleadas.

Mediante un comunicado, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización indicó que la suspensión del funcionario es con el fin de que se inicie el proceso investigativo que permita aclarar su denunciada conducta.

En ese sentido, el gobierno lamentó el hecho y se solidarizó con el personal objeto de las agresiones verbales de Gómez.

Comunicado
Comunicado

La decisión del gobierno de suspender a Leonel Gómez se basó en el artículo 245, numeral 18 de la Constitución de la República. Ese articulado establece que deben «velar en general, por la conducta oficial de los funcionarios y empleados públicos para la seguridad y prestigio del gobierno y del Estado».

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