Como en ocasiones anteriores, el gobierno hondureño resta importancia a la preocupación de los legisladores demócratas estadounidenses por la progresiva militarización en Honduras, relacionada con el apoyo de Estados Unidos de América (EUA) en materia de seguridad.
De nueva cuenta, un grupo de estos 21 legisladores ha enviado una carta al secretario de Estado John Kerry conminándolo a que el Departamento de Estado de EUA los informe detalladamente, a la brevedad, sobre “la creciente participación de los militares en las leyes nacionales de Honduras, a pesar de las restricciones constitucionales”.
Esta reiterada reclamación tiene que ver, entre otras causas importantes, con el proyecto continuista del régimen autoritario, militarista, que se ha implantado en nuestro país, para lo cual ha violentado la prohibición constitucional de la reelección presidencial, punto esencial de los denominados “artículos pétreos”.
El proceso de militarización —que tuvo algún atraso cuando el Ejecutivo no pudo lograr que el Legislativo concediera rango constitucional a la Policía Militar del Orden Público (PMOP), con el fin de controlarla personalmente, al margen de la estructura militar-— ha seguido su curso por la vereda de la unificación interinstitucional de seguridad, FUSINA, que involucra a las Fuerzas Armadas.
“A pesar de esas limitaciones legales —indican los legisladores estadounidenses— el gobierno de Honduras ha continuado ampliando la fuerza por parte de la autoridad ejecutiva y ha incumplido sus promesas de emprender reformas fundamentales de las fuerzas policiales corruptas del país”.
Efectivamente, la PMOP ha proseguido se crecimiento, incluso con la extracción de elementos de la Policía Nacional Preventiva, al parecer en seguimiento de una política orientada al fortalecimiento de la guardia pretoriana, fuerza de choque, en contradicción con los compromisos atinentes al respeto y protección de los derechos humanos.
No es casualidad, a este respecto, sino coincidencia, la fabricación noticiosa sobre la creación de un supuesto movimiento subversivo, a nivel del “Triángulo del Norte” centroamericano, México, Panamá y el Caribe, en sintonía con el Movimiento de Indignados, cuyo pronunciamiento llama a la insurrección armada.
Linda justificación de los viejos tiempos del militarismo regional para dar rienda suelta al terrorismo de Estado, a la represión política y social intensificada, como en la década ’80 del siglo pasado en Honduras, ahora con el expediente de la PMOP y unidades paramilitares colaterales. Un mecanismo represivo que, en las actuales circunstancias, conduciría al desplome total de la estabilidad política y social del país, y, naturalmente, al caos institucional.
La preocupación de los legisladores demócratas estadounidenses por la militarización en Honduras y el destino del dinero para el Programa Alianza para la Prosperidad, aparte de ser legítima y oportuna, tiene que ver también con los efectos sobre la integridad militar, propiamente dicha, y el incremento de la huida migratoria hacia Estados Unidos.
“Queremos asegurarnos —dicen los legisladores— que esos dólares de los contribuyentes estadounidenses no se utilizarán para la vigilancia de tipo militar, actividad que podría, de hecho, ser una de las causas de esta migración, ya que exacerba la violencia en el país”.
