Redacción. Javier Milei, presidente de Argentina, firmó recientemente en su tercera semana de gobierno un decreto que paraliza la renovación a empleados públicos contratados hace menos de un año.
Aunque el Gobierno calcula que son «más de 5,000» los afectados, otras fuentes como la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) estiman que la cifra supera los 7.000, según el diario «El País».
Sin embargo, la cantidad podría crecer en los próximos 90 días, tras la revisión exhaustiva del Gobierno de los contratos de los trabajadores del sector público empleados antes del 1 de enero de 2023.
Excepciones
Más concretamente, el decreto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina establece que no se renovarán los contratos de trabajadores del Estado firmados a partir del 1 de enero de 2023. No obstante, el proyecto contempla algunas excepciones.
Están exceptuados los trabajadores que forman parte de «cupos regulados por ley u otro tipo de protecciones especiales», como las personas con discapacidad. Asimismo, el personal considerado «indispensable« para una jurisdicción.
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¿A quién afectará?
El texto también anticipa que el resto de los contratos será sometido a «un relevamiento intenso» en los próximos meses.
La medida se encuentra inmersa dentro del «plan motosierra» con el que el ultraderechista pretende reducir el gasto público.
En particular, esta iniciativa afectará a aquellos trabajadores de la administración central del Gobierno y de los organismos descentralizados del Estado, así como de aquellas empresas públicas y sociedades anónimas de mayoría estatal, como la energética de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Sindicatos, en alerta
De todos estos detalles, y muchos aspectos más, los sindicatos ya se encuentran informados y están alerta. Estos ya anunciaron que las protestas continuarán. Además, inciden en la necesidad de avanzar en un gran paro nacional.
