El Gobierno de México exhortó este martes a Estados Unidos que reabra los cruces fronterizos en Eagle Pass, Lukeville y San Ysidro.
La Secretaría de Relaciones Exteriores señaló en un comunicado que estas medidas implementadas en Texas, Arizona y California tendrán un impacto negativo para el comercio y el turismo de la región.
‘México hace un respetuoso llamado al gobierno de Estados Unidos para que se reanuden, de manera inmediata, las operaciones en los cruces afectados para evitar pérdidas económicas importantes en ambos lados de la frontera’, se lee en el documento.
Igualmente, la Cancillería detalló que los cierres temporales se mantienen en los cruces Piedras Negras, Coahuila-Eagle Pass, Texas, desde el 27 de noviembre; Sonoyta, Sonora- Lukeville, Arizona, desde el 4 de diciembre, y el cruce peatonal en El Chaparral-San Ysidro, California -conocido como Pedwest-, desde el 9 de este mes.
Asimismo, aseguro que se encuentra en contacto permanente con las autoridades de la Oficina de aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) para restablecer las operaciones en los cruces fronterizos.
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Juez prohíbe la separación de familias migrantes en frontera de EEUU
Un juez federal en Estados Unidos prohibió el pasado viernes -8 de diciembre- la separación de familias migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, una práctica de disuasión implementada por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021).
El magistrado Dana Sabraw aprobó definitivamente un acuerdo entre el Departamento de Justicia de EE.UU. y la organización proderechos civiles ACLU, que impide a las autoridades separar a los menores de edad de sus padres, salvo por motivos médicos o de seguridad.
La decisión del pasado viernes -8 de diciembre- también da luz verde a algunos beneficios a las familias que se vieron afectadas por la política de separación de Trump, como vivienda y un estatus migratorio temporal en EE.UU.
El acuerdo beneficiará a unas 5,000 familias y entrará en vigor el 11 de diciembre, según detalló ACLU, que presentó la demanda en 2018.
«Este acuerdo es un paso fundamental hacia el cierre de uno de los capítulos más oscuros de la administración Trump. Los bebés y los niños pequeños fueron literalmente arrancados de los brazos de sus padres bajo esta horrible práctica», dijo el abogado de ACLU que encabezó la demanda, Lee Gelern, en un comunicado.
El pacto aprobado también incluye procesos mediante los cuales el Ejecutivo debe proporcionar información a los familiares que separaron y fija los canales mediante los cuales los padres o tutores pueden comunicarse con el pequeño, además de precisar las circunstancias bajo las cuales el Gobierno debe reunificar a la familia cuando la situación lo permita.
