TEGUCIGALPA, HONDURAS. Alrededor de mil 300 policías que habían sido depurados ganaron la demanda que interpusieron en contra del Estado de Honduras, así lo dio a conocer German Licona, el representante legal de los exagentes.
En ese sentido, el abogado detalló que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo falló a favor de los exfuncionarios policiales.
Sumado a esto, el profesional del derecho brindó palabras de alivio, en las que manifestó que por fin se está viendo la luz en todo el esfuerzo que se ha venido haciendo. Los más de mil funcionarios policiales fueron separados de sus cargos en el año 2016.
Sobre esto, el abogado Licona señaló que, en aquel momento, «arbitrariamente» una Comisión Depuradora cometió ilícitos al separar injustificadamente a muchos uniformados, que buscaron el restablecimiento de sus derechos.
La justicia hondureña revocó las sentencias a los depurados
Aunado a lo anterior, el letrado Licona explicó que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo confirmó las sentencias definitivas del juzgado de primera instancia, así como la revocación de las sentencias en contra de los más de mil policías depurados.
En ese sentido, se establece la vía expedita a la Secretaría de Seguridad, para que en los próximos días interponga el recurso extraordinario de casación, y así, culminar con estos procesos hasta obtener sentencia firme para que los expolicías puedan reintegrarse a sus puestos de trabajo.
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El impacto económico para el Estado de Honduras
Según dijo Licona, el impacto económico para el Estado será menor si los demandantes son asignados de nuevo a sus cargos. Dijo que no se debe esperar dos años cuando se confirme en su totalidad lo peticionado por sus defendidos.
Licona espera que en el Presupuesto General del próximo año se establezcan las prestaciones e indemnizaciones laborales de los exfuncionarios depurados.
Además, puntualizó que en manos de la Secretaría de Seguridad está el reintegro de los elementos policiales. O, por el contrario, el esperar que en unos dos años quede firme la determinación de los entes jurisdiccionales.
Si este segundo escenario es el que sucede, la cantidad de dinero que tenga que pagar el Estado puede ser aún mayor. Concretamente, alrededor de unos 2 mil millones de lempiras, según dijo el letrado.
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