TEGUCIGALPA, HONDURAS. Bajo fuertes cuestionamientos por parte del sector privado, mañana martes, 29 de septiembre de 2020, iniciará la administración de EIHSA, una empresa estatal con propósito especial que creó el Gobierno para tomar el control de las tres terminales aéreas de San Pedro Sula, Roatán y La Ceiba.
Como se recordará, InterAirports S.A. es el actual operador de los aeropuertos Ramón Villeda Morales (SPS), Golosón (La Ceiba) y Juan Manuel Gálvez (Roatán), cuya administración duró 20 años, sin embargo, mañana finaliza su período, dando lugar a la nueva entidad.
Es oportuno mencionar que la Empresa Hondureña de Infraestructura Aeroportuaria S.A. (EHISA), administrará los tres aeropuertos entre 12 y 15 meses, tiempo que tomará el nuevo proceso de concesión.
Ante la injerencia del Gobierno en la administración de los aeropuertos, Juan Carlos Sikaffy, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) dijo a TIEMPO DIGITAL, que como rubro, esperan que las cosas se hagan de forma ordenada.
«Tuvieron (Gobierno) suficiente tiempo para desarrollar un proceso licitatorio internacional de forma transparente, para tener suficientes ofertas, valorar las mismas en sus aspectos técnicos y financieros. Así también, para asegurar la mejor calidad posible y en los términos económicos y financieros que las favorezcan al interés colectivo», dijo Sikaffy.
Sin embargo, «esta sociedad escogerá un operador que ejecute las tareas, que hasta donde entendemos no fue realizado de forma abierta y no sabemos hasta ahora, cuáles son las calificaciones de quien a partir de hoy operara los aeropuertos del país», agregó.
Frente a ello, el empresario reiteró que esperan que la decisión haya sido acertada. «No podemos correr el riesgo de fracasar en este interinato, que nos traiga consecuencias negativas para el país», agregó.
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«No queremos anticipar malos resultados»
Consulado sobre la previsión a futuro del sector privado ante la nueva administración, Sikaffy expuso que, «no queremos anticipar malos resultados ¡eso sería fatal! pero le aseguramos que estaremos vigilantes ante la ejecutoria de quien opere los aeropuertos.
Lo anterior, debido al precedente que existe en el país por la malas experiencias con la gestión de empresas publicas, dijo el empresario. En ese sentido, ejemplificó diciendo que «los resultados en la ENEE, Hondutel y otras, hablan por si solos».
Por tanto, «no quisiéramos ver, que los contratos se violenten, que no se le pague a proveedores o se haga con retrasos. Necesitamos relaciones en el marco de la seguridad jurídica, cumplimiento de derechos y obligaciones para los participantes; ya sean proveedores, clientes o institucionales, cuya labor hace que la operación funcione».
A renglón seguido, el titular del Cohep, demandó que los valores por cánones y tributos que generen las terminales, «se destinen a asegurar la operación y las inversiones necesarias para consolidar la infraestructura y los servicios».
«Entramos en una fase de reactivación y queremos recuperar la confianza, por ejemplo de las líneas aéreas, para reiniciar los vuelos a Honduras y mejorar la competencia. Solo así, lograremos consolidar los servicios que necesitamos para atender las necesidades del país».
Impacto económico
Dejando a un lado el pesimismo, Sikaffy es de la opinión que «uno debiera pensar, que si se hacen bien las cosas, esto será favorable para el Gobierno, empresas, particulares y el país».
De no ser así, «nos impondrá costos altísimos para todos, afectando la competitividad del país y su vinculación al mundo. Lo anterior, es factor clave para una economía pequeña y abierta, con consecuencias inmediatas, de mediano y largo plazo, aun no tan fáciles de cuantificar».
Finalmente, sobre la propuesta que el Cohep presentó al Gobierno, el empresario aseguró que se hizo en tiempo y forma.
«Como Cohep, nos enteramos por la prensa, que se había otorgado la administración de dichos aeropuertos. Esto, sin que antes y hasta ahora lo mismo, hayamos tenido ninguna respuesta oficial de acuse de recibo y menos aun, una respuesta».
Lo anterior se traduce a que la propuesta no se consideró, por alguna razón, «sobre las cuales solo podemos especular, pues no las conocemos», concluyó Juan Carlos Sikaffy.
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