TEGUCIGALPA. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), solicitó al Congreso hondureño las grabaciones de las sesiones en las que se aprobó la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización de los Partidos Políticos y Candidatos. Así lo dio a conocer Juan Jiménez quien es el vocero de la MACCIH, a través de un tuit.
Jiménez especificó que desean ver la sesión legislativa en la que dicha ley fue aprobada. A la vez buscan conocer cada uno de sus artículos aprobados.
El Congreso Nacional aprobó esta ley en el mes de octubre del año 2016. Este nuevo estatuto busca evitar que el dinero sucio proveniente de la corrupción y el crimen organizado ingrese a las campañas electorales.
Esta misma contó con el apoyo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
En esta normativa, destacan los techos a los montos de aportaciones a las campañas electorales por parte de las personas naturales y jurídicas.
De igual forma el financiamiento público, también limita los gastos de las campañas.
Pone techo a los donativos, prohíbe donaciones anónimas. Asimismo regula las contribuciones en especie y establece sanciones fuertes. También esta misma establece la disolución de un partido político, entre otras disposiciones.
Financiamiento y deuda política
Para el financiamiento privado en el caso de las personas naturales se establece un techo equivalente a 200 salarios mínimos.
Sin embargo a las personas jurídicas el equivalente a mil salarios mínimos y se menciona un límite de 396 millones de lempiras para la campaña presidencial.
La normativa establece que el monto del financiamiento será el equivalente al 10 por ciento de la deuda política. Donde cada partido político con representación en el Congreso Nacional hubiesen obtenido en las últimas elecciones generales.
La deuda política será fijada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), de conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas.
Señala que el Estado asignará al Tribunal Supremo Electoral recursos económicos suficientes para apoyar la verificación de las elecciones primarias de los partidos políticos.
