Tegucigalpa, Honduras. La Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) junto con la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) presentaron nuevos requerimientos fiscales este martes.
Lo anterior, es con relación al caso del Desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Ses supo que los denunciados son acusados del supuesto delito de fraude y abuso de autoridad. Asimismo, violación de los deberes de los funcionarios en prejuicio del Estado de Honduras. Esto, contra de exmiembros de la junta directiva del IHSS.
Los implicados son señalados por la presunta comisión de los siguientes delitos:
Carlos Montes Rodríguez: fraude, abuso de autoridad y por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Leonardo Villeda Bermúdez: por la presunta comisión del delito de fraude y del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
Fabricio Valentín Vásquez Sosa: por el supuesto delito de fraude y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad.
Oscar Manuel Galeano Florentino: De igual manera, por el delito de fraude y la presunta comisión del delito de abuso de autoridad. Además, la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios.
José Hilario Espinoza Herrera: por los supuestos delitos de fraude, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Luis Alonzo Mayorga Gálvez: por la presunta comisión del delito de fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
José Manuel Espinal Rodríguez: por la presunta comisión del delito de fraude y de violación de los deberes de los funcionarios.
Armando Villatoro: por la presunta comisión de los delitos de fraude y abuso de autoridad.
Oscar Arnaldo Carranza: por el supuesto delito de abuso de autoridad, en perjuicio de la administración pública.
Samuel Benjamín Bográn Fuentes: por la presunta comisión del delito de fraude y del delito de abuso de autoridad. Además, por la presunta comisión del delito de violación de los deberes de los funcionarios. Cabe recordar que en este mismo caso Bográn fue absuelto por el delito de lavado de activos. Sin embargo, el juez determinó declararlo culpable por el delito de cohecho pasivo impropio.
Mientras a Javier Rodolfo Pastor Vásquez se le acusa únicamente de la presunta comisión del delito de fraude.
Con estos nuevos requerimientos, 10 personas más se implican en el millonario desfalco del IHSS. El portavoz de la MACCIH, Luiz Guimarães, aseguró que la Fiscalía presenta pruebas para comprobar que los imputados compraron equipamiento que no era una necesidad real de la seguridad social.
Lea también: MACCIH podría revelar caso «Pandora II» e involucra tres diputados más
Equipo sobre valorado sin utilizar y contratos de mantenimiento
Guimarães dio a conocer que muchos de los equipos adquiridos de forma sobre valorada por el IHSS continúan en las bodegas sin ser usados. Asimismo, informó que según la investigación, el IHSS no tenia la capacidad para efectuar la compra al momento de adquirir el equipo.
Del mismo modo, la MACCIH aseguró que además de aprobar compras de equipo sobre valorados, adquirieron contratos que obligan a la institución de seguridad social a pagar mensualmente mantenimiento a dichos equipos. Esto, «a pesar que estos equipos médicos aún se encuentran en bodegas sin ser utilizados» reiteró el portavoz.
Además, remarcó que «el proceso de licitación, se presume, se realizó solo para hacer que la impresa intermediara Dimesa».
«Dimesa ganó licitación irregular y amañada»
Por otra parte, Luiz Guimarães sostuvo que «Dimesa ganó la licitación de una forma irregular». Lo anterior, bajo el argumento que «solamente Dimesa participó porque había restricciones muy serias que ninguna otra empresa podía cumplir».
Agregó que, no existió un estudio para que el equipo beneficiaria a la población. «No se respetó el montó establecido (en la disponibilidad presupuestaria). Porque una resolución establecía que las bases de licitación eran de un máximo de 50 millones de dólares; es decir, se gastaron 95 millones de dólares. La contratación se hizo sin estudios de repercusión del impacto biomédico», expuso Guimarães en conferencia de prensa.
