TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) mostró su preocupación por las reformas aprobadas por el Congreso Nacional.
Es por ello que advierte al pueblo hondureño de los riesgos de la reactivación del Fondo de Desarrollo Departamental. «Ya que son fondos que históricamente han sido utilizados de forma discrecional y poco transparente por algunos agentes públicos». Lo anterior ya se había constatado en las investigaciones realizadas por el ente internacional en el caso «Red de Diputados».
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Fondo de Desarrollo Departamental
Según detalló la MACCIH en un comunicado, esta reforma permite a los diputados la administración y ejecución de fondos públicos. «Mismas que colisionan con la el artículo 245 de la Constitución, que señala taxativamente que la administración del Estado y la Hacienda Pública están bajo el control del Poder Ejecutivo», explicó la Misión.
«La Misión hace un llamado a la población a estar vigilantes de estas acciones que pueden perjudicar el interés público y abrir la puerta a la malversación de fondos públicos. Así como causar violación a los principios que sustentan el Estado de Derecho».
Para la MACCIH, es necesario hacer una reforma legal que garantice la creación de un sistema de rendición de cuentas capaz de prevenir actos de corrupción. Lo anterior, «haciendo un control de los gastos en tiempo real o de manera simultánea a su realización, o en todo caso, que haga un control previo de la ejecución de estos recursos».
«Creemos que solamente de esta forma se puede tener un sistema que evite actos de malversación de recursos públicos», citó la Misión en el comunicado.
Vicio de inconstitucionalidad
«Esta reformulación de reactivar parcialmente el FDS mediante la reforma de la Ley orgánica del Congreso Nacional y la Disposiciones Generales de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2018, podría así tener vicio de inconstitucionalidad», argumenta la Misión.
En ese sentido, atenta contra los principios emanados de la Constitución y la sana administración del Estado. Ya que pretende realizar interpretaciones comparadas que buscan extender facultades que la misma ley le otorga a otro poder del Estado, según la MACCIH.
Comunicado íntegro de la MACCIH:
