Santo Domingo, República Dominicana. -El presidente Luis Abinader advirtió esta mañana que en el gobierno que inicia hoy, no se permitirá, bajo ningún concepto, que la corrupción del pasado quede impune y el que robó el dinero del pueblo, tiene necesariamente que pagar en la justicia por sus actos y que para muestra de eso el primer decreto que firmará es el de la procuradora general independiente Miriam Germán.
El jefe del estado de igual forma hizo una advertencia a los nuevos funcionarios que les acompañarán en el gobierno del cambio. Le dijo de que no va a tolerar ningún acto de indelicadeza y mucho menos de corrupción en su gestión.
En su discurso ante la Asamblea Nacional, Abinader sostuvo: el funcionario que se equivoque con el dinero del pueblo, será inmediatamente destituido y puesto a disposición de la justicia.
«La corrupción de arriba incentiva la de abajo»
“Estamos convencidos de que la corrupción de arriba incentiva la de abajo, que es la delincuencia, que se traduce en inseguridad».
Luego, el nuevo presidente Dominicano sostuvo que «las corrupciones de arriba y de abajo tienen que ser combatidas sin tregua”.
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Sostuvo que nadie se confunda, de que en su gobierno no habrá impunidad para la corrupción del pasado ni tampoco para la que se cometa en el futuro.
“Estoy comprometido con el pueblo dominicano, con mi familia y con la memoria de mi padre a encabezar un gobierno trasparente y ético, donde el dinero del pueblo se maneje con total y absoluta pulcritud”, enfatizó.
Luis Abinader: El gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana
Indicó que una democracia de calidad, a las puertas de la tercera década del siglo XXI, requiere una rendición de cuentas vertical. Además, dijo que eso supone un sistema de frenos y contrapesos entre los poderes del Estado, para que ninguno prevalezca sobre otro.
Expresó que el gobierno debe estar sometido a una fiscalización ciudadana permanente y transparente. Eso también es democracia y no sólo la emisión puntual de la expresión ciudadana que representa el depositar una boleta en una urna cada cuatro años.
“Un reconocimiento pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía exige también la existencia de un régimen justo. Un régimen de consecuencias para aquellos que violen la Ley, sin ningún tipo de privilegio o impunidad. Y de una distribución socialmente equitativa de los frutos del crecimiento económico y de la riqueza nacional”, precisó.
