TEGUCIGALPA, HONDURAS. Bajo libertad quedó a partir de este miércoles el primer preso político que guardaba prisión en el país, luego de los acontecimientos en el marco del golpe de Estado del 2009 en Honduras.
Se trata del señor José Antonio Meza Torres, quien guardaba prisión en la cárcel de mediana seguridad, ubicada en el municipio de El Porvenir, Francisco Morazán.
Este ciudadano estaba preso y acusado por los delitos de incendio agravado y daños durante el Golpe de Estado del 2009.
Esta acción corresponde a la primera aplicación de la «Ley para la reconstrucción del Estado constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan», que aprobó hace unas cuantas semanas el Congreso Nacional.
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Aplicación de la ley
Fredis Cerrato, profesional del derecho y actual presidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), manifestó a través de HCH, que «desde luego el juez consideró que está comprendido y tipificadamente como un delito político las acciones en contra de este ciudadano».
Cerrato recordó que estas acciones de persecución y de prisión por los eventos del golpe de Estado se vinieron dando en los 12 años de gobierno del Partido Nacional. Asimismo, recalcó que durante este tiempo hubo bastante represión.
«Llegó al grado de que hubo muertos por protestar y defender el Estado de Derecho. Los defensores del medio ambiente, los que tratan de proteger los ríos, el bosque, son ciudadanos que están en su derecho de la protesta», agregó.
En tal sentido, el profesional del derecho explicó que en este caso, el juez determinó que el enjuiciamiento de este ciudadano debía terminar, puesto que está contemplado en la amnistía.
«Esto alegra mucho a los defensores del medio ambiente y aquellos que desde sus comunidades están protegiendo sus territorios, en un país donde han habido leyes, sobre todo para proteger la corrupción«, agregó el presidente del CAH.
La amnistía no es impropia
Por otro lado, Cerrato recalcó que los que consideran que la amnistía es impropia, en años pasados no protestaron y más bien se juntaron para «aprobar códigos de impunidad, para aprobar leyes que entregan la soberanía territorial y popular».
Por último, el profesional del derecho explicó que en estos casos el abogado del encausado pide que se aplique la ley y se dé la liberación en función de que está dentro de los delitos políticos.
En consecuencia, el juez resuelve y por escrito informa que en aplicación de la amnistía, el preso queda en libertad.
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