TEGUCIGALPA.- Una Ley de extradición es urgente en el país, según lo considera Mario Díaz, el presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia.
El anteproyecto de dicha ley aún se encuentra en el Congreso Nacional, esperando su discusión y aprobación.
Según manifestó Díaz: “es necesario que se apruebe una ley de extradición ya que solo tenemos una reforma constitucional que permite la extradición (de) connacionales a otros países, pero no una ley con la que se puede regir el proceso, los parámetros, los derechos”.
Añadió que solo el Congreso Nacional podría permitir que Honduras cuente con esa ley, ya que hoy las extradiciones son muy continuas, por eso, la presión para que esta se apruebe.
“El poder Legislativo tiene ese anteproyecto, mismo que se tiene que evaluar y buscar un consenso que ayude a aprobar la ley que tanto se necesita en este país”, apuntó.
Hasta la fecha Honduras ha ejecutado un total de 12 extradiciones de personas ligadas al narcotráfico, asimismo, la de cinco oficiales de la Policía Nacional vinculados al lavado de activos.
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La ley de extradición
Desde el año 2014, la cámara legislativa inició el debate de la nueva legislación que rige el procedimiento por el cual Honduras entrega a otros países a connacionales imputados por razones criminales.
El proyecto de ley contempla un cambio sustancial respecto a la versión original que fue remitida a la Cámara Legislativa por parte del Poder Judicial.
Dicha reconsideración consiste en que las solicitudes de extradición sean conocidas por los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y no por jueces nacionales nombrados por el pleno, como era el planteamiento primario de los magistrados.
La Ley de Extradición coloca a Honduras en una plataforma similar a la que existe en los otros países del área. Para el caso, la Constitución de Guatemala, define que la extradición de ciudadanos de ese país no se intentará por delitos políticos y que no serán entregados a gobiernos extranjeros, salvo lo dispuesto en tratados y convenciones con respecto a los delitos de lesa humanidad o contra el derecho internacional.
El Código Penal de Guatemala, establece que la extradición sólo podrá intentarse u otorgarse por delitos comunes o si existe reciprocidad con los Estados solicitantes con los que se mantienen tratados bilaterales.
En El Salvador, la extradición está regulada por la Constitución de la República y por los tratados internacionales de los cuales es Estado parte. En el caso de las extradiciones activas, éstas son competencia de la Fiscalía General o del juez ante el que se ventile la causa.
