NICARAGUA. El Gobierno de Nicaragua liberó, este lunes, a otros 50 presos políticos, conforme a la ley de amnistía aprobada el pasado fin de semana.
«La Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, el lunes 10 de junio de 2019, ha puesto en libertad a 50 personas por delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública», anunció el Ministerio de Gobernación. La información fue difunda en un comunicado en el que detalló el nombre de los excarcelados.
Asimismo, gobernación indicó que, «por decisión unilateral del Gobierno», la liberación se produjo bajo la supervisión del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR), que lo confirmó en una notificación propio. Además, informó que en los próximos días contactará con estas 50 personas para «ofrecerles orientación sobre su situación».
Faltan por liberar
El Ejecutivo señaló que «continúa preparando la liberación de presos por estos delitos». Aunque, según la Alianza Cívica, las autoridades nicaragüenses aún debe excarcelar a unos 180 de los 250 reclusos pactados por las partes.
El Ministerio puntualizó además que esta última tanda de liberaciones ha sido posible gracias a la ley de amnistía; que fue aprobada el pasado sábado y entró en vigor este lunes. El perdón abarcará a todas «las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018».
La Alianza rechazó la ley. Considera que es solo una forma de garantizar la impunidad para paramilitares y policías. Autoridades que participaron en la represión contra la población que protestaba y así justificar la liberación de presidiario políticos.
En la misma línea, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, demostró preocupación por el decreto. Asimismo, aseguró que «podría impedir el procesamiento de personas potencialmente responsables de graves violaciones de Derechos Humanos» cometidas durante las manifestaciones.
«La pareja presidencial Ortega-Murillo extorsiona a los nicaragüenses con la ley de amnistía», dijo por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco. «El mensaje es claro, si quieren libertad de los presos políticos, deben permitir (…) la impunidad de los represores», denunció.
Crisis política
La crisis estalló en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social. Que crecieron rápidamente hasta exigir la «democratización» de Nicaragua. Siendo este el mayor desafío de Daniel Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas.
El líder ‘sandinista’ ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 150 bajo la modalidad de «casa por cárcel».
