TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por el Decreto de Amnistía 04-2022, César Arnulfo Salgado, exdirector del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que estuvo en el cargo del 2006 al 2009 durante el gobierno del Poder Ciudadano, recibió este jueves una carta de libertad definitiva.
De acuerdo con lo que se informó, a Salgado lo acusaban por los delitos de abuso de autoridad, fraude y violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la administración pública.
Sin embargo, al exfuncionario este jueves lo sometieron a una audiencia Ad-Hoc donde un juez decidió aprobar la amnistía en su caso.
El pasado 17 de marzo, Salgado ya había sido favorecido con el Decreto de Amnistía por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos.
Sobre el caso, el expediente judicial señala que Salgado Sauceda habría ejecutado los fondos que eran destinados para el combate a la pobreza. No obstante, la acusación explicaba que esto se dio sin cumplir con los requisitos y procedimientos en materia administrativa y de auditoría.
Para otorgarle la carta de libertad, la defensa del imputado recurrió al beneficio enmarcado en la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se repitan, conocida como Ley de Amnistía para Presos Políticos.
El requerimiento fiscal contra el exfuncionario se presentó el 5 de julio de 2009, pero en ese momento se ordenó sobreseimiento definitivo a todos los imputados por el delito de abuso de autoridad con fundamento en el Decreto de Amnistía derivado del Acuerdo de Cartagena que se firmó tras el golpe de Estado de 2009.
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Ley de Amnistía
El decreto abarca a las personas que se desempeñaron como funcionarios durante la administración gubernamental del período comprendido del 27 de enero de 2006 al 28 de junio de 2009. También incluye a empleados o autoridades electas.
Al mismo tiempo, a quienes requirieron, acusaron o procesaron criminalmente por protestar contra el golpe de Estado.
El decreto también incluye delitos como abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios. Además, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones públicas.
De igual forma, incluye el fraude en perjuicio de la administración pública, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y privados, entre otros.
De acuerdo con el escrito, se aplicará a diputados que en diciembre de 2012 votaron a favor de destituir a cuatro magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por declarar inconstitucional el proyecto «Ciudades Modelo«.
Diferentes sectores han considerado el decreto como un «Pacto de Impunidad» que va en contra del fin que persigue el partido Libertad y Refundación (Libre).
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