Tegucigalpa, Honduras.- La comisión especial de diputados para dictaminar el proyecto de Ley de Colaboración Eficaz comenzó con un amplio trabajo de socialización con representantes del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia.
Jari Dixon, quien preside la comisión del proyecto de ley que se dictamina, explicó en conferencia de prensa que servirá como herramienta para desarticular redes de corrupción y bandas criminales.
Asimismo, esta normativa permitirá tener la información de un delito de primera mano, de aquellos que estuvieron relacionados.
El parlamentario expuso que esta ley funciona cuando «una persona que es señalada por la comisión del delito, esté condenado o procesado, brinde información a los entes de justicia para llegar a otros imputados».
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Asimismo, el congresista manifestó que este proyecto contiene 28 artículos, de los cuales 20 ya han sido revisados.
«Ya estamos en la recta final de la ley, estamos revisando el Código Procesal Penal. Estamos tratando que esta ley verdaderamente cumpla con las necesidades el Ministerio Público», comentó.
Igualmente, mencionó que esta herramienta será de mucha efectividad para el Ministerio Público al momento de investigar diversos delitos.
«Si ya con esto no investigamos, pues ya no hay forma de investigar, porque aquí le estamos dando beneficios a personas que nos den la información necesaria para llegar al fondo del delito», dijo.
Según el diputado, esta ley beneficiaría a personas que han participado en delitos de menor grado que los denunciados.
Responsabilidad y voluntad política
Por otra parte, el parlamentario mencionó que este tipo de responsabilidad y voluntad política al aprobar una ley como esta, nunca se había visto en el Poder Legislativo.
«Anteriormente esta ley se engavetó dos veces, pero esta vez va encontrar la luz en el hemiciclo de Legislativo para bienestar del pueblo hondureño, para el bienestar del sistema de administración de justicia y para afectar a esos grupos criminales que tanto daño le hacen al país», dijo.
En ese sentido, informó que tanto fiscales como jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han brindado los insumos necesarios, para que este dictamen sea de lo más completo y efectivo.
Además, expresó estar a la espera que esta «se sancione y se publique de la manera más efectiva para combatir la corrupción y el crimen organizado».
Por otra parte, la diputada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Silvia Ayala, comentó sobre los avances del proceso, en los cuales se estableció que este trabajo no se está realizando en cumplimiento de ningún tipo de condicionamiento.
Asimismo, manifestó que esta ley tiene como objetivo garantizar que los requerimientos fiscales estén debidamente sustentados, con pruebas que permitan la condena de personas involucradas en caso de crimen organizado.
Reducción de condenas
El reconocido abogado y analista político, Raúl Pineda, explicó a Diario TIEMPO que esta ley surge en los Estados Unidos. Ahí su nombre es Criterios y Oportunidades.
«Con esta ley la idea es llegar al menor número de juicios por el esfuerzo y costo que eso implica. Entonces los imputados obtienen bajas condenas», comentó.
Asimismo, el jurista comentó que esta ley se perfeccionó en Colombia y que es polémica. «Esta implica sentar al Estado en la misma mesa a negociar con criminales», detalló.
El jurista agregó que uno de los requisitos para lograr efectividad en esta Ley, es que el testigo obtenga un beneficio a cambio de interponer una denuncia.
El denunciante obtendrá los beneficios siempre y cuando su responsabilidad y participación sea menos grave que la del denunciado.
Asimismo, subrayó que entre los mayores beneficios que ofrece esta ley es la reducción de condenas para los denunciantes. De igual manera, detalló que existen varios tipos de negociaciones, entre ellas una negación de extradición o algún incentivo económico.
«Ya la legislación de Honduras contempla el modelo de las recompensas o los beneficios premiales, pero esta es una ley muy polémica», dijo Pineda.
En ese sentido, agregó que esta ley surge de la incapacidad del Estado para lograr procesos de investigación que permitan la identificación y condena de criminales.
Ley de «los sapos»
¿Esta ley podría ser eficaz ante el sistema de justicia que posee Honduras?
Ante la pregunta planteada, el abogado Pineda explicó que actualmente el país ya tiene un modelo que se llaman criterios de oportunidad, que es «casi similar» a la Ley de Cooperación.
Además, aclaró no ser partidario de esta ley de «los sapos», debido la naturaleza de los operadores y de los riesgos que genera.
«Yo no soy partidario porque basta la declaración de un imputado y algunos indicios que pueden generar la condena de un inocente», comentó Pineda.
Aclaró que esta ley tiene sus ventajas, como la facilitación de investigación y obtención de pruebas para condenar a criminales de mayor jerarquía.
Finalmente, detalló que esta ley igualmente presenta una serie de desventajas, entre ellas «su mal uso».
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