TEGUCIGALPA, HONDURAS. Fuertes cuestionamientos rodean a la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP) ante el proceso de licitación y elección de la empresa que se encargará de la emisión de la nueva tarjeta de identidad de los hondureños.
El citado proceso, inició desde octubre de 2018, cuando Rolando Kattán, coordinador de la interventora, informó que en noviembre de ese mismo año arrancaría la licitación internacional.
«Esperamos en noviembre lanzar la convocatoria de licitación pública internacional, serán vistas y validadas las bases, tanto por las Naciones Unidas como por la Unión Europea», fueron las palabras del funcionario en aquel entonces.
Según se informó en esa fecha, la empresa ganadora debería dotar al gobierno de Honduras la maquinaria apropiada para impulsar el proyecto y el material para emitir 6.1 millones de tarjetas de identidad para adultos y 2.4 millones para niños entre los cinco y 18 años de edad.
Un mes más tarde, el proceso aún no iniciaba, fue entonces que desde el Congreso Nacional se ordenó al RNP iniciar con la licitación.
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En respuesta a ello, Kattán prometió que «en 2020, ya vamos a estar usando nuevos plásticos con todas las medidas de seguridad y consensuado con expertos internacionales sobre cuáles van a ser las características tanto físicas como en tecnología de impresión a la hora de generar una nueva identificación».
A nueve meses de iniciado el año 2020, en Honduras se continúa utilizando la tradicional tarjeta de identidad.
Es oportuno mencionar que la pandemia generada por la COVID-19 vino a retrasar algunos procesos, así como también la economía nacional. Sin embargo, el cuestionado proceso inició desde hace dos años y a la fecha, no hay resultados palpables.
Licitación fallida
Luego de un año que se prolongó el proceso, en diciembre de 2019, las autoridades del RNP informaron que dos empresas resultaron finalistas entre unas diez que participaron en la licitación.
Se trataba de las compañías Selp y Gemalto, de origen francés y holandés, respectivamente. La ganadora sería anunciada por el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).
Sobre ello, Richard Barathe, representante del PNUD en Honduras, confirmó la culminación de la evaluación; por tanto, «está en el proceso normal interno de verificación en Nueva York. Una vez que la empresa seleccionada sea informada y acepte el contrato podremos comunicarlo. Por el momento es confidencial».
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Asimismo, se conoció que ambas empresas contaban con experiencia en la ejecución de proyectos de esa naturaleza Sin embargo, meses más tarde se anunció que las firmas internacionales no proporcionaron las condiciones de seguridad de la nueva identidad.
Segunda licitación
Los cuestionamientos continuaron en el citado proceso. Esto, luego de que el pasado 19 de agosto de 2020, el PNUD informó que concluyeron un segundo proceso de licitación.
Ese mismo día, los representantes del RNP fueron herméticos sobre el nombre de la firma ganadora; no obstante, indicaron que harían el anuncio en los dos días próximos.
Lo cual aumentó las críticas hacia el ente del Estado, puesto que no hubo mayor información sobre el proceso; sin mencionar que se hizo de forma apresurada durante la emergencia sanitaria de la COVID-19.
En consecuencia, la atención de la población estaba centrada en los casos confirmados por la mortal enfermedad y el deterioro del sistema sanitario del país.
Para el 22 el agosto de 2020, el PNUD y el RNP anunciaron que ya había una empresa ganadora. Se trata de Thales Group, una compañía multinacional francesa que forma parte de las 500 compañías más grandes de todo el mundo, según la revista Forbes.
Para aclarar algunas interrogantes que este segundo proceso dejó en el país, TIEMPO DIGITAL intentó establecer comunicación con el interventor Rolando Kattán, sin embargo, nunca asistió el teléfono.
En ese sentido, las dudas sobre el anuncio repentino de la empresa ganadora, licitaciones «fallidas», lentitud en el proceso levantan preocupación cuando el proceso electoral 2021 está «a la vuelta de la esquina» y las irregularidades a la «orden del día».
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