Tegucigalpa, Honduras. El abogado Marlon Duarte aseguró que durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández hubo latrocinio en los bienes asegurados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
«No es posible el latrocinio, es una realidad. Es algo tan evidente que no existe la palabra posibilidad. Es un hecho concreto que, efectivamente, se robaron miles de millones de lempiras, en joyas inclusive», expresó el abogado penalista.
Duarte, además, refirió que a raíz de esas acciones presuntamente irregulares hubo gente que adquirió bienes a precios bajos y, en algunos casos, ejercieron el robo directamente.
«Hay gente que salió ganadera, empresaria, gente que salió constructora, porque se robaron el equipo. Salieron dueños de inmobiliarias porque se robaron casas, vendieron hasta aviones a precios irrisorios que iban por debajo, inclusive, del costo de mantenimiento de esa aeronave en un año», añadió.
Otros bienes
«Como bien lo dijo el director (de la OABI) y yo siempre lo dije, los relojes originales que aseguraban e incautaban, los cambiaban. Ponían réplicas y se llevaban los originales», aseguró Duarte.
Duarte mencionó, incluso, que sustrajeron ropa y zapatos de gente a la que le aseguraban los bienes. Y hasta llegaron a robarse hasta la ropa interior de las damas. Sin embargo, optó por no mencionar nombres.
No obstante, a finales de 2022, la nueva administración de la OABI publicó un informe explicando las condiciones en que se encontraba el ente debido a los constantes cuestionamientos sobre la gestión realizada. En el informe salieron a relucir algunos nombres como el del exdiputado y exalcalde sampedrano, Héctor Eduardo Guillén Callejas, a quien se le habría adjudicado un un reloj marca Rolex modelo Milgauss Acero, cuyo precio de venta es de 4,500 dólares exactos, equivalentes a 110,840.85 lempiras.
Además, el documento también menciona ventas de relojes y joyas de lujo adjudicadas a otras personas, cuyos nombres, en este caso, no se detallan. No obstante, Duarte afirmó que sí hay funcionarios e incluso familiares de la «cúpula del poder» que tienen en posesión muchos de esos bienes que fueron asegurados en la administración anterior.
En el informe de la OABI también se menciona que, además, se adjudicaron vehículos, becas y otros bienes a través de procesos de dudosa ejecución.
Reforma de la ley de privación de dominio
Por su parte, el abogado Oscar Cálix sugirió que antes de que se intervenga la OABI, se debería reformar la Ley de privación de dominio, para evitar futuras demandas millonarias.
Duarte secundó esta idea, pues «es muy buena la sugerencia de hacer una reforma a la ley». Además, señaló que el Ejecutivo ya tiene proyectos de reformas de la ley que han sido «vistos con buenos ojos por muchos litigantes». Debido a que «conocemos el tema y hemos visto año por año las arbitrariedades que se cometieron en los gobiernos pasados», agregó.
Investigación
Recientemente, la presidenta Xiomara Castro nombró una comisión interventora para investigar a la OABI; la cual está integrada por Hugo Suazo, Roger Mendoza y Javier Reyes.
Esta comisión deberá, según la orden de la presidenta, obtener respuestas en un lapso de 90 días. No obstante, Duarte considera que debido a las ocupaciones de los funcionarios que integran la comisión esto podría tardar más tiempo. «El tiempo es muy corto para que se dediquen a ambas situaciones».
Comisión interventora OABI:
– Abogado Hugo Suazo
– Abogado Roger Mendoza
– Abogado Rigoberto Portillo MejíaServicio Civil:
– Abogado Sergio Coello
– Amable de Jesús Hernández
– Leny Aída OrdóñezJueves 9 de febrero, La Gaceta publica el Decreto.
— Xiomara Castro de Zelaya (@XiomaraCastroZ) February 8, 2023
Además, agregó que «lógicamente, la OABI no puede quedar acéfala, porque hay que reformar la ley. Porque la ley no establece que una junta interventora podría tomar o atribuirse la función de un director. Yo pienso que la Junta Interventora lo que va a hacer es intervenir los años anteriores», consideró.
¿Qué se podría descubrir?
El abogado mencionó que actualmente es fácil identificar quién tiene los bienes, ya que esos datos se encuentran en plataformas del Estado. Como ejemplo, mencionó la del Instituto de la Propiedad (IP) y la de Marina Mercante, entre otras.
«Ahí se va a dar cuenta la Junta que está interviniendo cómo fue comprado, ¿a qué precio?, ¿quién determinó ese precio? Se van a saber ahí muchísimas cosas de los que intervinieron, de políticos que intervinieron, los vehículos que se robaron».
También apuntó que sería posible saber por qué aparecen las placas de los vehículos aseguradas y bloqueadas en el sistema. «Entonces se va a ver quién es el poseedor según el historial de ese vehículo en este momento», finalizó.
