Tegucigalpa, Honduras. El pasado viernes, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), remitió al Ministerio Público (MP), un informe donde se adjudicaban indicios de responsabilidad penal contra uno de los proyectos que dirigió el exgerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Jesús Mejía.
El proyecto se trataba de la compra de miles de lámparas LED, las cuales se realizaron con una compañía colombiana llamada Roy Alpha S.A.
En cuestión de un par de semanas, el cargamento masivo de los «focos» llegó a Honduras, muchos catalogaron de «exitoso» el asunto, pero poco a poco fueron saliendo a luz detalles que ponían en «tela de juicio», la legalidad del trabajo que estaba realizando Mejía.
¿Qué es el «Lamparazo»?
Mejía y la empresa colombiana firman un contrato el 28 de julio de 2017, donde se estipulaba que Honduras recibiría 56 mil lámparas LED.
Sin embargo, antes de que se solicitara la compra, ya se había hecho un informe donde se indicaba que se distribuirían cada una de las lámparas en diferentes partes de Honduras.
Es aquí donde comienza el problema, indican reportes, cuando se hace del dominio público que Jesús Mejía había cometido bastantes faltas al hacer la negociación.
El 21 de enero del 2020, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), acusa formalmente a la administración de Jesús Mejía, de los delitos de fraude y violación a los derechos de los funcionarios por esa compra.
Esta línea de investigación el CNA la bautizó como «Las Luminarias de la Corrupción y Obscuridad». En otros sectores se le empezó a decir el «Lamparazo».
No habían sido entregadas
En uno de los párrafos del comunicado lanzado por el CNA, se explica que se suponía, que las lámparas que Mejía había solicitado servirían para el alumbrado público.
Todos estas lámparas se debían repartir en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Sin embargo, el representante del CNA, Odir Fernández, aseguró que esas iluminarias «nunca fueron entregadas» en la fecha acordada.
Luego, en el mismo informe se establece que se entregaron las lámparas, pero se comprobó que muchos de los «focos», estaban dañados y algunas no duraron ni 30 días.
Ante esas irregularidades y teniendo en cuenta lo costoso del proyecto, las autoridades de la CNA profundizaron más en la compra, solo para comprobar que habían más cosas que rayaban lo ilegal.
El que muchas de las lámparas estuvieran dañadas, solo sería el inicio, luego apareció otra falla, la factura de la compra, externaron en los reportes.
En ese aspecto, de acuerdo con lo revelado, el Estado pagó por las lámparas un total de 4,128,320.00 dólares, que corresponderían al pago de las 56 mil lámparas LED. Sin embargo, en el factura, Roy Alpha S.A. no rebajó el valor de las luminarias que estaban dañadas.
Abuso de poder
El CNA pudo corroborar que el proyecto que estaba a cargo de Mejía, contenía muchas situaciones que no eran nada legales.
Otra cosa que descubrieron las autoridades, fue que Jesús Mejía «en una facultad potestativa» escogió a un consorcio colombiano, siendo el ofertante con los precios más bajos.
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El CNA constató que la empresa que fue elegida nunca presentó una garantía de calidad suscrita en la Ley de Contratación del Estado (LCE).
En ese sentido, la investigación expone que tanto el gerente de la ENEE como el consorcio colombiano, celebraron una reunión en donde acordaron que a la hora de que las LED dejaran de funcionar, el Estado de Honduras no pudiera solicitar un cambio de lámparas y, de esa forma, evitar el perjuicio que hoy se les imputa por parte del TSC.
Corrupción
El «lamparazo» volvió a tomar auge cuando el TSC decide entregar hace unos días la investigación al Ministerio Público, debido a indicios de responsabilidad penal que salieron a la luz ante una investigación.
Se reveló que Mejía no solo realizó acciones fraudulentas, si no que también su mala administración le causaron pérdidas económicas a la ENEE.
En esa compra, si bien hubo un mal servicio por parte de la empresa encargada de las luces, Jesús Mejía no cumplió con una serie de requisitos necesarios al momento de hacer los trámites de la compra, sostienen las acusaciones expresadas.
Por otra parte, al no contar con la garantía, el consorcio no pudo exigir la sustitución de las lamparás dañadas, eso ocasionó que la ENEE tuviera que hacer más gastos al tener que hacer la compra de más luces, anexa la acusación.
Se puntualizó que el TSC entrega el caso del «lamparazo» al MP, puesto que se encontró que en esta compra se realizaron acciones ilícitas, que le corresponde al organismo estatal investigar.
«Se encontró méritos suficientes para remitir el informe al MP, por ser el ente asignado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales», reza el texto que el TSC mandó al MP.
El TSC finaliza agregando que comprobaron que tanto la ENEE como la empresa Roy Alpha S.A. incumplieron la ley.
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