Redacción. La extorsión a través del denominado «impuesto de guerra» es un flagelo que se ha ensanchado con el sector del transporte hondureño, arrebatándoles la tranquilidad al mantenerlos obligados a destinar gran parte de sus tarifas diarias a las estructuras criminales que operan en el país.
Es casi una costumbre que año con año los conductores y dueños de unidades del transporte urbano e interurbano denuncien la zozobra en la viven, pese a que el Gobierno implementó y renovó el «estado de excepción» para enfrentar este flagelo. La criminalidad continúa imperando en Honduras, critican expertos.
A diez meses de haberse establecido el estado de excepción en Honduras, con el fin de combatir la extorsión e incidencia delictiva en el país. La medida no ha logrado importantes resultados critican especialistas en materia de seguridad.
Puesto que la criminalidad, delincuencia y sobre todo la extorsión siguen golpeando varios sectores de la nación, siendo el transporte uno de los más afectados.
En las últimas semanas algunas rutas del transporte público, especialmente en la capital de la República, paralizaron sus operaciones debido al cobro de extorsión. Tanto rutas urbanas e interurbanas se han visto afectadas, ya que los conductores prefieren dejar de brindar el servicio que perder sus vidas a manos de antisociales que exigen cantidades «exageradas» de dinero.
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Extorsión en Honduras
Según el «Análisis sobre la situación del delito de extorsión en Honduras durante el año 2022» de el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) las extorsiones se incrementaron en 153% en comparación al año 2021, alcanzando el segundo registro más alto de la década con 1,824 denuncias, solo por debajo de lo registrado en 2013 con 1,929 denuncias.
Asimismo, señala que el 62% de las denuncias de extorsión a nivel nacional se concentraron en dos municipios: el Distrito Central y San Pedro Sula. Ambas urbes se sitúan como los territorios más violentos del país, registrando el 19.3% del total de muertes violentas.
Finalmente, apunta que, en su mayoría, son los hombres los que denuncian el delito de extorsión con el 69.4% de las denuncias.
A inicios del año 2023, la Secretaría de Seguridad posicionó a Honduras como uno de los países más violentos del mundo. Y que al cierre del 2022 registró una tasa de homicidios de 35,79 por cada 100 mil habitantes, la más baja en los últimos 16 años.
En cuanto a los homicidios en el sector transporte, durante el año 2022, se reportó un total de 60 trabajadores asesinados mientras laboraran en sus unidades.
Rutas paralizadas por extorsión
Durante tres semanas la terminal de autobuses del mercado Jacaleapa, en Tegucigalpa, mantuvo paralizado el servicio del transporte producto del cobro de la extorsión. Lo anterior, a raíz de que los transportistas denunciaron haber recibido cartas donde le exigían grandes cantidades de dinero.
La terminal alberga a los buses con ruta de Tegucigalpa hacia la zona oriental del país. Tanto los conductores, como los pasajeros se vieron afectados por el cierre de la estación.
A pesar del temor que conlleva dicha situación, hace tres días los transportistas del mercado Jacaleapa decidieron reanudar operaciones. No obstante, habilitaron el servicio con resguardo policial tanto en la terminal como al interior de las unidades.
Otra de las rutas del transporte que se mantuvo paralizada durante las últimas semanas es la «Suyapa-Estadio-Marcado» en Tegucigalpa, que estuvo cerrada por dos días y reanudó operaciones ayer 26 de octubre.
Hasta el momento, se desconoce el motivo del por qué retomaron las operaciones, sin embargo la zona está siendo resguardada por agentes policiales.
Mientras tanto, hoy es el tercer que los conductores de la ruta 7, en San Pedro Sula, decidieron paralizar las unidades tras recibir amenazas de extorsión por parte de un grupo criminal de la zona. Los afectados revelaron que les exigían el pago de una fuerte cantidad de dinero que no pueden pagar.
Denuncias por extorsión
Los casos anteriores solo reflejan una parte de la problemática que afecta al sector transporte, quienes a diario viven el flagelo de la extorsión.
De acuerdo a expertos, las personas que son víctimas de este delito no acuden a las autoridades debido al miedo y la desconfianza. En ese sentido, las denuncias por extorsión son pocas porque prefieren guardar silencio que perder la vida.
Por su parte, la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (Dipampco) señaló que cada 21 horas se interpone una denuncia por extorsión en la capital. Del 1 de enero al 8 de abril del 2023 se interpusieron, solo en el Distrito Central, un total de 110 denuncias.
Asimismo, el ente policial detalló que en sus registros solo contienen 10 denuncias por parte de rutas de buses y taxis en Tegucigalpa. Mientras que, en Comayagüela se registraron un total de 15 denuncias del rubro.
En ese sentido, los transportistas afirmaron que «este año ha sido el peor para ellos en comparación con años anteriores».
«La extorsión al transporte público, especialmente en Tegucigalpa, ha empeorado en lugar de mejorar, han surgido nuevas bandas criminales que se dedican a extorsionar, algunas han salido de otras bandas o estructuras criminales más fuertes como la MS o 18″, manifestó un transportista.
Cobros por vías electrónicas
En noviembre de 2022, la Secretaría de Seguridad aseguraba que las maras y pandillas utilizaban las billeteras electrónicas para extorsionar. Además, que se aprovechaban del raquítico bloqueo de las señales móviles en las cárceles.
Por ello, en septiembre de este año, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) confirmó el bloqueo de más de 350 mil billeteras electrónicas, por la falta de autenticación de identidad de sus usuarios.
En ese sentido, el presidente de la CNBS, Marcio Sierra, explicó que algunas de las cuentas bloqueadas pudieron utilizarse para mover dinero producto de la extorsión.
«Pusimos una norma en la cual tenían que ser dos identificaciones, para los que tenían billetera electrónica con teléfono inteligente y los que la tenían en teléfonos con tecnología USD y había un millón, de los cuales 350 mil no fueron a dar su doble identificación», dijo.
Además, añadió que los centros de transacciones autorizadas reportaban para 2023 la reducción de casi medio millón de cuentas. Es decir, que el año anterior movieron más de 17 mil millones de lempiras.
«Una vez aplicadas las nuevas normas del Plan Antiextorsión se redujeron las billeteras verificadas a un aproximado de 650 mil», señaló.
En ese contexto, el dirigente del transporte, Gerardo Aguilar, informó que alrededor de L1,400 millones anuales se pagan por extorsión en Honduras. «Desde el comienzo del año, han surgido nuevos grupos criminales que nos tienen sometidos a nivel nacional», apuntó.
«Hay cuatro grupos extorsivos que están afectando el transporte público», agregó Aguilar.
A casi un año de haberse establecido el estado de excepción en Honduras, los transportistas siguen paralizando sus unidades. Mientras analistas en seguridad advierten que la prolongación de esta medida no ha logrado resolver a mediano plazo las demandas y realidad de la criminalidad.
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