TEGUCIGALPA, HONDURAS. La jueza de sentencia, Karla Romero, señaló que el decreto aprodado para otorgar independencia operativa a la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), es inconstitucional.
“Debemos seguir el Estado de Derecho y respetar la norma constitucional y el principio de la independencia que tiene el Ministerio Público”, indicó para Radio América.
Asimismo, dijo que esta acción significa un retroceso y era una clara violación al Estado Democrático de Derecho.
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“La Constitución reconoce un solo Ministerio Público como institución constitucional, debemos ser objetivos y no prestarnos a que el derecho se componga para conveniencia”, detalló.
Del mismo modo, puntualizó que el derecho no se debe utilizar para conveniencia de relaciones personales, particulares y sobre todo sesgadas políticamente.
Además, detalló que con la duplicidad de funciones se vulnera el principio del Estado democrático de derecho, independencia y jerarquía.
En horas de la madrugada fue aprobado el decreto de ley que establece que la UFERCO podrá operar independientemente en casos de corrupción.
Recurso de inconstitucionalidad
“Esta es una acción está mal entendida, una acción donde debió haber un recurso de inconstitucionalidad en reversa”, manifestó Romero.
De igual manera, dijo que si el fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, tenía un problema de investigaciones que no le eran autorizadas, debió presentar el recurso.
“Él debió de institucionalizar esto a través de una solicitud al Fiscal General, en el cual se le respetara su derecho de independencia como miembro del Ministerio Público, pero además, de igualdad”, puntualizó.
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Seguidamente enjuició que los otros directores fiscales tienen la potestad de presentar los requerimientos y no andan solicitando ningún permiso.
Además, señaló que se debe conocer si Santos tuvo dificultades, de no ser recibido ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que opera bajo el principio de delegación.
“Esto surge por el acuerdo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Cuando se fue se debió establecer que no necesitaba ninguna autorización, porque no debe de hacerlo”, concluyó.
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