TEGUCIGALPA, HONDURAS. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, informó que un juez ordenó la reactivación del supuesto caso de corrupción denominado “Red de diputados”.
También, los imputados en este caso son los exdiputados:
Augusto Domingo Cruz Ascencio, Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez Rodríguez, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Alexander Juárez Saravia.
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En ese sentido, el titular de dicha dependencia del Ministerio Público (MP), dio a conocer en su cuenta de Twitter, que después de cuatro años, un juez hondureño decidió reactivar el caso “Red de diputados”, y señaló para el próximo 26 de abril de 2022 a las 9:00 de la mañana la continuación de la audiencia inicial.
“Después de 4 años, juez reactiva caso Red de diputados y señala el 26/04/2022 a las 9:00 a.m. para continuación de audiencia inicial, para dar a conocer su fallo, dictando auto de formal procesamiento o sobreseimiento a favor de los imputados”, escribió Santos a través de su cuenta de Twitter.
Después de 4 años, Juez reactiva caso “Red de diputados” y señala el 26/04/2022 a las 9:00am para continuación de audiencia inicial, para dar a conocer su fallo, dictando auto de formal procesamiento o sobreseimiento a favor de los imputados… pic.twitter.com/ICll8DRHwu
— 𝙇𝙪𝙞𝙨 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙎𝙖𝙣𝙩𝙤𝙨 𝘾𝙧𝙪𝙯 (@Luis_Santos_C) March 15, 2022
Asimismo, Santos explicó que el juez en esa audiencia dará a conocer su fallo; dictando auto de formal procesamiento o sobreseimiento a favor de los imputados.
Por tal motivo, en 2017 el equipo integrado del MP y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), descubrieron a una «Red de diputados», que presuntamente se apropió ilegalmente de fondos públicos destinados a proyectos sociales y que fueron desviados para uso personal.
Requerimiento fiscal
“Los diputados y la diputada acusados, se valieron de una Organización No Gubernamental (ONG) que recibía fondos para obras sociales de la Secretaría de Finanzas y del Congreso Nacional (CN)”, señala el requerimiento fiscal.
Además, los exdiputados solicitaban fondos al Poder Ejecutivo, mismos que eran entregados a la ONG, la cual enviaba los fondos públicos a los propios diputados.
Por otro lado, según denuncias, los congresistas implicados en esta red recibieron 15 cheques directamente desde la cuenta de la Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias (Anpibch), la cual percibió varias transferencias desde la Secretaría de Finanzas por 3,300,000.00 (tres millones trescientos mil) lempiras, entre el 14 y 21 de diciembre de 2015.
En total se trasladó a esta ONG, un total de 8 millones 300 mil lempiras, incluyendo fondos del CN, sostienen los informes divulgados.
Por lo tanto, la Uferco siguió la ruta del dinero y comprobó que los recursos públicos se desviaron hacia los diputados, que no tenían ninguna autorización para recibir esos fondos con lo que se habría perfeccionado el delito de malversación de caudales públicos, cuestionó el MP.
Por su parte, la estructura de la «Red de diputados» involucrados incluyó la participación de otras personas. Entre ellos figuran Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; José Napoleón Panchamé Banegas, director ejecutivo de la ONG; y, Geovanny Castellanos Deras, gestor de las operaciones.
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