WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS. Un juez federal estadounidese dictaminó que la política del Gobierno del presidente Donald Trump, bajo la cual quienes piden asilo han de esperar la respuesta en un tercer país seguro, viola la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
El acuerdo le permitía a Estados Unidos, enviar a México y a Centroamérica a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera solicitando asilo.
«El intento por escapar de las amenazas y traumas lleva a los migrantes a travesías peligrosas cruzando varias fronteras antes de que encuentren oportunidades de protección», dijo en una declaración Sharon Stanley Rea.
Stanley Rea es directora del Ministerio para Refugiados y Migrantes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo.
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«La decisión del juez Kelly confirma que ningún Gobierno puede impedir que los más vulnerables busquen protección aquí», aseguró la activista.
Añadió que «lo más importante es que su fallo confirma que el Gobierno tampoco puede impedir que las comunidades de fe y conciencia presenten sus opiniones sobre tales reglas».
El juez de Washington DC, Timothy Kelly, designado para la magistratura federal por Trump en 2017, dictaminó que la ley permite que toda persona que entre a Estados Unidos y pida asilo, tenga una audiencia para alegar los motivos por los cuales huye de su país natal.
Kelly, en un fallo de 52 páginas, dijo que el Gobierno, al imponer la regla de tercer país seguro, no cumplió con la ley de procedimientos. La cual requiere que se dé a la ciudadanía tiempo y oportunidades suficientes para presentar opiniones.
Los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional, escribió Kelly, «se sustentaron en un sólo artículo de prensa que ni siquiera enfoca directamente el criterio clave en cuestión: la probabilidad de un incremento grande y rápido en el número de personas buscando asilo».
El fallo puede tener poco impacto sobre la situación en la frontera. Puesto que, desde hace meses, está de hecho cerrada a la inmigración y el asilo. Esta medida se tomó como prevención en el marco de la pandemia de COVID-19.
El dictamen es otro revés para las políticas de Trump sobre inmigrantes. Ocurre días después de que el Tribunal Supremo decidiera que el Gobierno no explicó las razones que tuvo el presidente, en 2017, para dar por terminado un programa que protege de la deportación a unas 700,000 personas traídas ilegalmente al país cuando eran menores de edad.
Fuente: EFE, Infobae
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