Por: Joaquín Mejía. -Billy Joya me acusa de redactar la sentencia que declaró inadmisible su querella contra Jorge Cálix.
1. No conozco ni tengo ningún tipo de relación ni personal ni profesional con el juez natural, magistrado Abilio Serrano, de la Corte Suprema de Justicia.
2. Si la sentencia que realizó se parece a mis análisis es porque al igual que yo, utilizó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de crímenes del pasado y libertad de expresión, por tanto, es lógico y obvio que sean parecidas. Incluso, en la sentencia de la reelección presidencial, uno de mis libros es citado.
3. No pertenezco a ningún partido político ni en Honduras ni en España. Como defensor de derechos humanos debo ser independiente y aparentar independencia.
4. Soy un académico que realiza análisis con el fin de aportar a que se den cambios estructurales en mis países, sobre todo en Honduras.
5. Nadie puede acusarme de haber cometido algún delito de ningún tipo porque aunque a una buena parte de la clase política le cueste creer, se puede intentar vivir con coherencia.
6. Mi trayectoria académica ha sido reconocida internacionalmente, particularmente por mi compromiso intelectual con el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Si eso es ser radical, entonces lo soy con mucho orgullo.
7. Sabemos quién es Billy Joya, la forma en que desde el programa «Frente a Frente» se intentó desprestigiarme y señalarme irresponsablemente, me coloca en situación de mayor vulnerabilidad.
8. Soy beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de medidas de protección del Mecanismo Nacional de Protección. Si llegara a pasarme algo a mí o a mi familia, se debe tener presente que el Estado tiene la obligación de prevenir y de investigar.
9. Continuaré denunciando y exigiendo que se investigue y sancione a quienes son responsables de las graves violaciones a derechos humanos documentadas por el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (década de los 80), la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (golpe de Estado de 2009) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (crisis post-electoral 2017-2018).
10. No debemos permitir que esos crímenes se releguen al olvido, pues solo investigando y sancionando a las personas responsables se podrá transitar hacia la democratización del país. Como lo establece la Resolución 33/19 del Consejo de Derechos Humanos aprobada el 30 de septiembre de 2016, se debe “hacer frente a las atrocidades cometidas en el pasado, tener en cuenta las necesidades de las víctimas y su derecho a un recurso efectivo, e impedir que vuelvan a producirse”.
