TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) interpreta como aires de impunidad el silencio del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) sobre las irregularidades denunciadas en compras de Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H).
El pasado 22 de julio de 2020, ASJ presentó una «denuncia ciudadana» donde detallan 30 irregularidades que encontraron en las auditorías a las compras de ventiladores, kits de pruebas COVID-19, equipo de bioseguridad y hospitales móviles.
A través de un comunicado, la ASJ señala hace más de un mes solicitó al TSC investigar de forma «responsable, objetiva e imparcial los hallazgos de las auditorías sociales con el propósito de identificar las responsabilidades del caso».
Además, ASJ solicitó que José Juan Pineda Varela, magistrado presidente del ente contralor, se excusara de conocer y participar en la investigación. Según indicaron, su petición obedece a conflictos de interés.
Cabe recordar que el hijo del magistrado presidente del TSC se encuentra emparentado con la hermana de Marco Bográn, exdirector de INVEST-H.
Otras de las solicitudes que ASJ realizó, según el comunicado, es que se nombrara un equipo de auditores; cada uno con capacidad técnica y con experiencia comprobada «para realizar las investigaciones del caso».
Ante el silencio, cuestiona por qué no han hecho auditorías si recibieron 40 millones de lempiras para «proceso especiales».
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TSC no da respuesta a la denuncia de la ASJ
«A pesar del perjuicio y clamor social que han producido las irregularidades cometidas por INVEST-H«, no hay respuesta, denuncian.
En ese sentido, en uno de los párrafos dice: «El silencio del TSC se puede interpretar como impunidad. La omisión a no responder al mandato legal de la institución constituye una barrera de facto para conocer la verdad y asegurar justicia para miles de hondureños».
También manifiesta que la salud y vida de los hondureños que buscan atención médica del Estado están en riesgo por esas irregularidades.
En el mismo párrafo, reza que «el TSC al no responder y dar trámite a la denuncia ciudadana, no solo le niega a ASJ su derecho de petición. Más importante aún, le está negando al pueblo hondureño una oportunidad de poder obtener un resarcimiento».
Por lo cual instan al TSC a cumplir con la ley, de lo contrario estará dejando consecuencias lamentables y costosas a Honduras. Les recuerdan que Honduras ha suscrito acuerdos de derechos humanos y combate a la corrupción.
«Nos veremos en el deber de promover acciones a nivel nacional e internacional, como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones legales por omisión».
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