TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) llegó hasta las oficinas del Servicio de Administración de Rentas (SAR) para investigar el supuesto acoso y discriminación laboral que se vive en sus instalaciones.
Estas acciones se dan mediante la ejecución de la «Operación Némesis III», desarrollada por el Ministerio Público (MP) en diferentes partes del país.
Según la información que se maneja, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del MP es la encargada de llevar este tipo de casos. De acuerdo con el vocero del MP, Marvin Cruz, en el operativo se realizaron decomisos de documentos, inspecciones oculares y extracciones de información.
Cruz dijo que la visita del MP al SAR se da luego de las múltiples denuncias recibidas por las víctimas. Además, explicó que a raíz de algunas investigaciones que lleva otra de las instancias del MP, específicamente la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, se logró obtener las denuncias.
«Son las víctimas que han denunciado. Algunos servidores de esta institución han sido presionados para que puedan colaborar con una supuesta red de corrupción que está en la institución. Estos se han negado y por tanto han denunciado un acoso laboral», explicó.
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Red de corrupción dentro del SAR
El portavoz del Ministerio Público también explicó que ya existe una investigación para desmantelar esta presunta red de corrupción dentro del SAR. Además, explicó que por medio de Némesis III ya se están realizando acciones para recabar algunos indicios.
«Con las diligencias que se están practicando, el Ministerio Público pretende llegar a la investigación de esta denuncia con los supuestos hechos que están visualizando los servidores», manifestó.
De acuerdo con Cruz, varios empleados del SAR denunciaron que dentro de la institución existe un grupo de personas que promueven la corrupción. Ellos estarían obligando a algunas personas a colaborar. Sin embargo, cuando los empleados se niegan, comienzan a intimidarlos para que no cuenten lo que ocurre.
Aunque, de momento, las autoridades correspondientes no tienen suficientes datos para accionar conforme a ley, ya existe una fuerte investigación en proceso.
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