Redacción. Al menos 30 cocodrilos fueron hallados muertos en los últimos días en la Fundación Biológica Educacional Jaime Rosenthal Hidalgo (FUNBIOROSEN), ubicada en San Manuel, Cortés. Se presume que los responsables son un grupo de campesinos que invadieron los terrenos donde está ubicada la reserva biológica.
Según las condiciones en que se encontró a los animales, es probable que estos hayan sido víctimas de envenenamiento con algún químico, según uno de los cuidadores a quien mantendremos en el anonimato, por seguridad.
«Nos amaneció esa cantidad de cocodrilos (muertos) en una pileta y a tiempo le cambiamos el agua para salvar a los demás que estaban adentro, así fue que no se murieron todos», explicó.
Esto se da en el marco de una problemática creciente a nivel nacional, pues las invasiones se extienden ya a ocho departamentos: Cortés, Choluteca, Atlántida, Colón, Yoro, Francisco Morazán, Santa Bárbara y Copán.
Aleja la inversión
Esta situación, en buena medida alimentada por la falta de normas ágiles y eficaces por parte de las autoridades del gobierno, ha provocado que unos 2,400 millones de dólares se hayan dejado de invertir en Honduras, según estimaciones de la empresa privada.
Y es que esta situación, según los empresarios, aleja la inversión e impide el derecho de muchos hondureños al ejercicio de la propiedad privada, puesto que el cada vez más creciente número de usurpaciones de tierras debilita el sistema de seguridad jurídica del Estado.
Al respecto, Diario Tiempo contactó con el empresario y expresidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, quien cree que el Gobierno está “inmovilizado, ya que no procede en impedir o desalojar a los invasores».
«Aquí se invade y no pasa nada, no sacan a ningún invasor. Entonces, la realidad es que la empresa privada aquí no vale, y Honduras tiene la fama de ser un país donde no se respetan las leyes», cuestionó Facussé.
Puede leer: COHEP: «Invasiones» generan L1,400 millones a grupos organizados
Delito contra la diversidad biológica
Según el cuidador de FUNBIOROSEN, la intención de los invasores es “adueñarse de las tierras” donde está ubicada la reserva biológica, y el hecho de haber matado a estos animales facilitaría su propósito.
En las imágenes difundidas se ve a los reptiles ya en estado de descomposición, una situación que se ve agravada por el hecho de que estos cocodrilos pertenecen a la especie acutus, que está en peligro de extinción en la actualidad.
Vea el vídeo:
De acuerdo con la legislación hondureña, el asesinato de una o varias especies en estado de conservación es considerado delito contra la diversidad biológica, y FUNBIOROSEN es considerada, precisamente, una reserva biológica.
Según el artículo 330 del Código Penal vigente, que alude a los daños a especies amenazadas: “Quien con infracción de lo dispuesto en la legislación protectora de las especies y hábitats destruye, recolecta, captura o comercializa especímenes de flora o fauna amenazada, o trafica ilegalmente con ellos o con sus restos, de forma que ponga en peligro el estado de conservación de la especie afectada, debe ser castigado con las penas de prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cincuenta (50) a trescientos (300) días”
Más adelante en el artículo 332, refiere a las sanciones que de estos delitos derivan:
Agravantes específicas de los delitos contra la diversidad biológica. Los hechos previstos en este capítulo se deben castigar con las penas respectivas aumentadas en un tercio cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1) Resulta afectada una especie en peligro de extinción o catalogada como símbolo nacional;
2) Se emplean medios o técnicas especialmente destructivos para la especie afectada; y,
3) Se realice en zona declarada como reserva biológica.
Lea también: FENAGH pide proceder legalmente ante las invasiones de tierras
Inseguridad jurídica
Las operaciones en FUNBIOROSEN se han mantenido vigentes en los últimos años, y la situación actual preocupa a los propietarios, pues provoca daños a una propiedad altamente productiva.
Expertos aseguran que esta problemática genera una crisis económica a gran escala, pues de las tierras usurpadas se extraen los cultivos de frutas, granos básicos, ganadería, y otras, que son las que mantienen abastecida la demanda nacional.
A lo que se suma la pérdida de empleos. Solo en la zona del Bajo Aguán, en el litoral atlántico del país, se reporta un aproximado de 3 mil puestos de trabajo perdidos por esta situación.
La política actual del gobierno es evitar el uso de la fuerza y los desalojos violentos. Sin embargo, los sectores afectados exigen el cumplimiento de la ley para garantizar la propiedad privada que propicie el crecimiento económico del país.
En el 2022, según la Cámara de Comercio e Industrias del Sur (CCISUR), se registraron pérdidas aproximadas a un billón de dólares.
Y es que la empresa privada estima que la usurpación de tierras genera ingresos de más de 1,400 millones de lempiras al año a los grupos organizados que las promueven.
Además, los empresarios reportan la pérdida de contratos de venta de producto a nivel nacional e internacional vía exportaciones, lo que reduce aún más a generación de divisas.
Ministro anuncia las medidas “que siguen”
Semanas atrás, el ministro asesor del Gobierno, Milton Benítez, anunció las medidas “que siguen” en la administración del Estado. Entre las que destacó la “recuperación de tierras” y las “nacionalizaciones”.
Benítez habló a través de su personaje, El Perro Amarillo. Lo hizo a través de YouTube, donde sostuvo que “se va a medir la tierra en un país donde hay tres hectáreas por vaca y los humanos sin un tuco de tierra”.
Además, dijo que este se trata de un “cambio en las relaciones de poder que significa la refundación del país” y que tiene asustados a los empresarios. “Y los entendemos, pero, o son ellos o somos nosotros”, comentó.
Sobre ese mismo tema comentó que se tiene que eliminar la violencia sobre la tenencia de la tierra. De hecho, admitió que es por eso que algunos “no han parado con el discursillo de que viene una dictadura castro-chavista”.
Aludiendo a la administración estatal, Benítez explicó que “se está destruyendo el Estado burgués”. Y en este sentido, acusó de cómplice de este a la clase media y a la Academia.
