TEGUCIGALPA, HONDURAS. El abogado José Adalid Rodríguez Rosa interpuso un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a favor de la junta directiva que preside Jorge Calix con el objetivo de que el diputado Luis Redondo entregue las llaves del Congreso Nacional.
Desde el pasado sábado 22 de enero, las instalaciones del Congreso Nacional se han mantenido ocupadas por la junta directiva de Redondo y sus simpatizantes.
Por esa razón, la directiva de Cálix se ha visto obligada a reunirse de manera virtual o en lugares ajenos al Congreso. Para el abogado Rodríguez, la directiva de Redondo fue electa de forma arbitraria e inconstitucional, usurpando las atribuciones exclusivas de la junta directiva en propiedad.
En ese sentido, dijo que se pretende que de manera inmediata requieran a Luis Redondo para «que entregue las oficinas del Poder Legislativo para que funcione normalmente».
Además, comentó que en la directiva de Cálix «no existe nulidad» como lo han expresado algunos analistas, porque la eligió la mayoría de los diputados del Congreso Nacional.
“Se presume que los actos del Congreso Nacional son legítimos. ¿Qué sucede? Cuando hay un vicio de nulidad tiene que haber alguien que interponga un recurso ante un tribunal constitucional para que declare los vicios de nulidad existentes, si eso no sucede, no existen vicios de nulidad”, aseveró.
De tal manera, explicó que en ese caso lo que existe son actos inequívocos que ponen en peligro la integridad de los diputados.
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Rodríguez: La ley establece que puede haber reelección
De acuerdo con lo expuesto por el abogado, la salida más viable que se tendría que dar es volver a hacer la elección del presidente y que el pleno decida.
«El artículo 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo dice que una de las formas de resolver esos conflictos es volver al pleno y que el pleno lo decida», comentó.
De esa manera, dijo que la reelección que Jorge Cálix ha propuesto podría hacerse, sin embargo, Luis Redondo no lo acepta.
Artículo 82 de la ley orgánica:
«Los casos no previstos en la presente Ley, son resueltos por el Pleno y se debe tomar debida nota de la resolución que se dicte, para que en casos análogos pueda servir de precedente; a ese efecto la Secretaría llevará un libro especial», señala el artículo.
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