Redacción. El Instituto Nacional de Migración informó el domingo sobre la suspensión de los servicios que se brindan en el Centro Cívico Gubernamental (CCG) debido a las tomas en las instalaciones por parte de colectivos de Libertad y Refundación (Libre) y empleados del Instituto de la Propiedad (IP).
A través de un comunicado, el instituto explicó que las instalaciones están ocupadas por empleados, acompañados de personas ajenas a la entidad. «Estos individuos de manera irresponsable mantienen secuestradas las instalaciones, desacatando una orden presidencial e implicando a las personas realizar sus trámites», cita el texto.
Debido a la situación, la Gerencia de Pasaportes no podrá atender a la población hasta nuevo aviso.
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Tomas continúan en el CCG
Este lunes continúan las tomas en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), en Tegucigalpa, por miembros de los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre), quienes exigen respeto a los puestos de trabajo de las bases tras posibles despidos por intervención del Instituto de la Propiedad (IP).
«Basta ya al hostigamiento laboral que se les está dando a los compañeros», reclamó Ramsés Izaguirre, miembro de los colectivos del partido que se encuentra apostado en el lugar de la toma.
El activista denunció la falta de acción y comunicación por parte del gobierno. «Es paradójico que estemos luchando por el gobierno de nuestro propio partido, el mismo por el cual luchamos para llevarla al poder. Hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta», apuntó.
«Nos reunimos el primer día con un abogado que prometió pasar nuestras peticiones a la presidenta, pero desde entonces no ha habido pronunciamiento alguno», añadió.
Más denuncias
Izaguirre además denunció intentos de intimidación y violencia contra ellos. «Nos hemos dado cuenta de que han intentado atentar contra nosotros de otras maneras. Incluso quisieron enviar a otros colectivos de Libre para enfrentarnos y no les tenemos miedo a nada. Nos enteramos de que intentaron mandar a un grupo de 30 hombres el sábado para golpearnos, pero seguimos aquí, firmes».
Del mismo modo aseguró que el hijo del ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, uno de los que enviaron con la Junta Interventora, fue uno de los que firmó las actas para desembolsar dinero del IP. Por ello, consideró que dicha problemática es un conflicto de interés.
«Esto raya en lo ridículo. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero esperamos que hoy tengamos una respuesta», concluyó.
Cabe resaltar que la presidenta Xiomara Castro anunció el jueves pasado la intervención en el IP, situación que generó alarma entre los empleados que laboran en ese ente gubernamental. Los trabajadores, simpatizantes de Libre, aseguraron que con esa intervención peligraban sus puestos de laborales.
