TEGUCIGALPA-HONDURAS. Unos 5,000 privados de libertad a nivel nacional acusados por delitos con penas igual o menor a cinco años podrían recuperar su libertad antes de finalizar el presente año, según lo dijo hoy la directora general del Instituto Nacional Penitenciario (INP), abogada Rosa Irene Gudiel Ardón, quien reveló que se reunió con los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal para analizar los expedientes.
Según la togada, comenzaron con 500 privados de libertad que están recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara. “Támara será el centro piloto de este proyecto”, dijo Ardón.
En ese sentido, indicó que la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal está integrado por el Poder Judicial a través de la Defensa Publica. Así como también por los Juzgados de Ejecución, Unidad de Antecedentes Penales, Ministerio Público, Procuraduría General de la Republica (GPR) e INP, entre otros.
De acuerdo a la profesional del Derecho, actualmente trabajan en un plan de trabajo para excarcelar a todos los privados de libertad que tienen derecho a los beneficios que les confiere la ley. “Tanto a las personas que están condenadas como a las que se encuentran en condición de procesados y que sus delitos no exceden una pena de cinco años, exteriorizó.
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Proyecto permitirá descongestionar centros penitenciarios
Sostuvo que este proyecto permitirá descongestionar el sistema penitenciario. “Ahorita tenemos como guía o centro piloto la Penitenciaria Nacional de Támara que es el centro con mayor población penitenciaria. Iniciaremos con 500 privados condenados por delitos no graves. Y cuya pena no excede los cinco años”, reiteró.
Asimismo, mencionó que también se beneficiaría a unos 4,000 reos que están en calidad de procesados.
“Sostuvimos una reunión con la Fiscalía de Delitos Comunes, Defensa Publica, Juzgados de Ejecución. Tambien con otros operadores de justicia para revisar estas causas. A estas personas se les agilizará su proceso jurisdiccional», recalcó.
Requisitos
A efecto de eso, la directora del INP detalló que los internos que serán beneficiados con esta medida, tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
- No estar acusados por delitos graves
- Deben ser causas penalizadas con cinco o menos años de reclusión
- No deben tener otros procesos judiciales
- Y no deben tener antecedentes penales y policiales (por casos anteriores)
Asimismo, deberán haber mostrado buen comportamiento en el centro penitenciario. Así como participar en los programas y proyectos de reeducación, rehabilitación y reinserción social. Igualmente, deberán contar con el estudio psicológico y socio-económico, entre otros.
Por otro lado, añadió que también trabajan en el anteproyecto de reforma de la Ley Especial de Personas Privadas de Libertad con Enfermedades en Fase Terminal o Degenerativas del Sistema Nervioso.
“Dicho proyecto de ley se envió al Congreso Nacional y se espera que pueda ser aprobado. Muchas personas que adolecen enfermedades puedan cumplir sus condenas bajo la vigilancia de los Juzgados de Ejecución, el INP o el juez que conoce la causa en el caso que se encuentre en calidad de procesado”, aseguró.
