TEGUCIGALPA, HONDURAS. El panorama que rodea la provisión de condiciones para la reapertura del transporte urbano tiene influencia política, según denunció este viernes el diputado Juan Carlos Ávila.
En primera instancia, el entrevistado se refirió al subsidio que se convino entre las autoridades estatales y el rubro en mención. Lamentó que la afinidad política está influyendo en la definición de qué áreas reciben el beneficio.
«Nos extraña la manera en que el partido de gobierno está focalizando los subsidios, cuando sabemos que la mayoría del transporte de tierra adentro y de los municipios de San Pedro Sula, Choluteca, La Ceiba, Olanchito, entre otros, han sido golpeados», señaló.
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Promoción de legislaciones
Seguido, Ávila expuso que es vital la creación de leyes que beneficien o aporten recursos a los sectores afectados debido a las consecuencias de la crisis sanitaria por COVID-19. En ese sentido, hizo hincapié en que el transporte es uno de los campos laborales más perjudicados.
No obstante, lamentó que, aún bajo la pretensión de forjar normativas en favor de los transportistas, el mismo factor impide los cambios. En ese sentido, apuntó un ejemplo puntual, donde remarcó que no se percibe voluntad de ayudar a todos.
«Por eso no pudimos votar a favor del proyecto de ley presentado para un sector del departamento de Francisco Morazán; porque creemos que fue con un tinte político y no viendo la necesidad de todos los transportistas del país severamente golpeados en sus operaciones por la COVID-19», detalló.
Demandas al IHTT
Por el mismo lado, hizo una exigencia al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) para que proporcione los mecanismos necesarios para que los involucrados tengan acceso a laborar.
«Exigimos al IHTT que le dé permiso de trabajar a los transportistas, con medidas de bioseguridad. Ya es demasiado tiempo que las unidades están paralizadas y un montón de motoristas, ayudantes y propietarios en una crisis grande», aseveró Ávila.
Por último, el parlamentario calificó a las autoridades de esa institución estatal como «ciegos» e «incapaces» en torno a su obligación de echar a andar el transporte público, servicio necesario para complementar la reapertura socioeconómica.
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